Luego de cinco d\u00edas de desarrollo de las audiencias preliminares y por petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garant\u00edas, impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de Bartolo Valencia \u00a0Ramos, Alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca); tres funcionarios de esa administraci\u00f3n y un contratista, por las supuestas irregularidades en la contrataci\u00f3n para cobertura educativa.<\/p>\n
De acuerdo con lo establecido, las irregularidades se habr\u00edan presentado en m\u00e1s de 90 contratos, de los cuales seis fueron objeto de an\u00e1lisis investigativo. En ellos se determin\u00f3 que fueron otorgados directamente y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional; a su vez, los contratistas subcontrataron con instituciones educativas de las que ellos hac\u00edan parte. El valor de los contratos es de 3.070 millones de pesos.<\/p>\n
Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, en el a\u00f1o 2012, la Alcald\u00eda de Buenaventura present\u00f3 un estudio donde dec\u00eda que aproximadamente 48 mil alumnos no ten\u00edan cupo en Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, a trav\u00e9s del sistema general de participaciones, autoriz\u00f3 21.000 cupos.<\/p>\n
As\u00ed, la ciudad contrat\u00f3 a 97 operadores bajo la modalidad de contrataci\u00f3n directa para que prestaran el servicio de educaci\u00f3n en la ciudad. Y all\u00ed aparecieron las denuncias. La Fiscal\u00eda, hizo las primeras revisiones a seis contratos y hall\u00f3 que en ellos se dec\u00eda que cada uno de los 3845 menores favorecidos en esos casos le costaba un mill\u00f3n de pesos al municipio.<\/p>\n
Los seis operadores habr\u00edan subcontratado con otros 33 para prestar ese mismo servicio por la mitad del valor que ya hab\u00eda pagado el municipio. Es decir, que mientras el municipio pag\u00f3 el servicio a un mill\u00f3n de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron solo 500 mil pesos.<\/p>\n
Las empresas vinculadas a la investigaci\u00f3n son la Fundaci\u00f3n Perla ONG, Fundaci\u00f3n Etnoeducativa del Pac\u00edfico, Fundaci\u00f3n Cooperativa del Pacifico, Corporaci\u00f3n Mujeres del Pacifico Defendiendo la Pobreza, Corporaci\u00f3n H\u00e9roes del Saber y Corporaci\u00f3n Gimnasio Cooperativo del Pac\u00edfico.<\/p>\n
Algunos de los contratistas eran empresas creadas pocos d\u00edas antes de la firma de las convenciones para prestar este servicio educativo y no ten\u00edan al menos los tres a\u00f1os de experiencia que la ley exige.<\/p>\n
Asimismo, aparecieron ni\u00f1os clonados. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en diferentes colegios; adem\u00e1s, surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron, “es decir, eran ni\u00f1os fantasma”, explic\u00f3 el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Los contratos se suscrib\u00edan a 8 meses, cuando la ley dec\u00eda que deb\u00edan hacerse por lo menos a diez meses.<\/p>\n
Miembros del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI), de Valle del Cauca y Bogot\u00e1, capturaron a nueve personas por estos hechos, entre ellos el alcalde actual de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, luego de que un juez librara las respectivas \u00f3rdenes, previa solicitud de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Durante las audiencias preliminares, el juzgador legaliz\u00f3 las capturas, una diligencia de allanamiento y registro y la Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos por los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n.<\/p>\n
Los procesados, quienes no aceptaron cargos y deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario son: Bartolo Valencia Ramos, Yacer Valencia Saa, coordinador de Salud Ambiental; Anc\u00edzar de Jes\u00fas Yepes Id\u00e1rraga, asesor jur\u00eddico de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n; Carlos Enrique Riascos, exsecretario de Educaci\u00f3n \u00a0y el contratista Pedro Marino Barahona.<\/p>\n
Entre tanto, el juez determin\u00f3 que deben cumplir la medida de aseguramiento en el lugar de residencia: los contratistas Alberto Riascos Arboleda, Roc\u00edo Valencia Gonz\u00e1lez, Vanessa Orozco Castillo y Diana Mayerling Riascos.<\/p>\n
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MAP\/DLBM<\/p>\n\n