La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se permite informar:<\/p>\n
1.\u00a0\u00a0\u00a0 Desde septiembre de 2014, cuando la denominada \u00a0\u201creforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional\u201d comenz\u00f3 su tr\u00e1mite legislativo, algunos representantes de la Rama Judicial -en general- y el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett -en particular-, explicaron p\u00fablicamente que ciertos aspectos del proyecto afectan el balance entre los poderes p\u00fablicos, y la independencia y autonom\u00eda de la administraci\u00f3n de justicia. Asimismo, advirtieron que, en caso de no ser corregidos, convertir\u00edan la iniciativa en un cambio constitucional altamente nocivo para la institucionalidad del pa\u00eds y nuestro Estado de Derecho.<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0\u00a0 A pesar de los distintos llamados por parte de diversos sectores pol\u00edticos, representantes de la Rama Judicial y la sociedad civil, el Congreso de la Rep\u00fablica, lejos de remediar los desajustes institucionales y los desbalances de poder contenidos en el proyecto original, opt\u00f3 por agravarlos y profundizarlos a lo largo de las distintas etapas del tr\u00e1nsito legislativo.<\/p>\n
3.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Por esas razones, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, en ejercicio de sus derechos ciudadanos, ha radicado una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra de m\u00faltiples disposiciones de la reforma de equilibrio de poderes, hoy Acto Legislativo 02 de 2015, por considerarlas incompatibles con la Carta Pol\u00edtica de 1991. Esta demanda se concentr\u00f3 espec\u00edficamente en el componente judicial de la reforma, es decir, en todas aquellas disposiciones que modificaron el funcionamiento de la rama judicial.<\/p>\n
4.\u00a0\u00a0\u00a0 El primer argumento de la demanda se concentra en desvirtuar la constitucionalidad de los art\u00edculos del Acto Legislativo 02 de 2015 que modificaron el sistema de gobierno y administraci\u00f3n del poder judicial y el r\u00e9gimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial. En concreto, en este argumento se sostiene que el Congreso de la Rep\u00fablica tiene el deber de respetar el principio de unidad de materia en las reformas a la Constituci\u00f3n por medio de actos legislativos. Lo anterior implica que en un acto legislativo tan solo se pueden modificar temas que tengan conexidad entre ellos, y que, en caso de que en estas reformas se aborden temas inconexos, la Corte debe declarar la inconstitucionalidad de aquellos que no tengan relaci\u00f3n con el tema predominante del acto legislativo.<\/p>\n
En el Acto Legislativo 02 de 2015 el tema central era el reequilibrio de los poderes p\u00fablicos. Es decir, la reforma buscaba principalmente modificar el sistema de controles establecido en la Constituci\u00f3n de 1991 para que las ramas del poder p\u00fablico se controlen entre ellas mismas. Los art\u00edculos del Acto Legislativo 02 de 2015 que reforman el sistema de gobierno y administraci\u00f3n del poder judicial y el r\u00e9gimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial deben ser declarados inconstitucionales, porque no guardan relaci\u00f3n de conexidad alguna ni unidad de materia con la reforma al sistema de equilibrio de poderes. Con estas modificaciones no se afect\u00f3 la forma en que el Poder Judicial se relaciona y equilibra con las dem\u00e1s ramas del poder p\u00fablico.<\/p>\n
5.\u00a0\u00a0\u00a0 De otra parte, la demanda prueba que el Congreso de la Rep\u00fablica viol\u00f3 los principios de consecutividad e identidad flexible durante el tr\u00e1mite de la reforma constitucional. Esto quiere decir, en otras palabras, que el Acto Legislativo 02 de 2015 introdujo en la Constituci\u00f3n algunas normas que no fueron objeto de los ocho debates que exige la ley colombiana para efectos de producir cambios en la Carta Pol\u00edtica de 1991.<\/p>\n
Seg\u00fan la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, el Congreso est\u00e1 habilitado para modificar\u00a0 los proyectos de ley o de actos legislativos en las distintas etapas que componen el procedimiento de creaci\u00f3n de normas. Sin embargo, no le est\u00e1 permitido alterar en segunda vuelta la esencia de lo aprobado en los primeros debates, pues ello constituye un desconocimiento del principio democr\u00e1tico y da lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad por violaci\u00f3n de dos principios rectores del procedimiento legislativo: consecutividad e identidad flexible.<\/p>\n
Puntualmente, la violaci\u00f3n de estos principios se concret\u00f3 en el tr\u00e1mite de los art\u00edculos de la reforma que fijaron (i) el nuevo procedimiento de juzgamiento de altos funcionarios del Estado, (ii) aquellas en las cuales se defini\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la Comisi\u00f3n de Aforados, y (iii) la disposici\u00f3n transitoria a trav\u00e9s de la cual se le prorrog\u00f3 el periodo a los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.<\/p>\n
6.\u00a0\u00a0\u00a0 Finalmente, la demanda tambi\u00e9n sostiene que el Congreso de la Rep\u00fablica desbord\u00f3 sus competencias constitucionales, porque la aprobaci\u00f3n de la reforma de equilibrio de poderes condujo a la sustituci\u00f3n de pilares de la Carta Pol\u00edtica de 1991. Como lo ha considerado la jurisprudencia constitucional, esta facultad s\u00f3lo le est\u00e1 conferida y reservada al pueblo colombiano a trav\u00e9s del mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente.<\/p>\n
En primer lugar, la sustituci\u00f3n constitucional se manifiesta con la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Aforados, porque este es una entidad encargada de la investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n de los altos funcionarios de la Rama Judicial que no puede ser controlado por ninguna rama del poder p\u00fablico. En efecto, en la reforma el Congreso le otorg\u00f3 a esta Comisi\u00f3n poderes desorbitantes en materia de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, no estableci\u00f3 mecanismos de control a sus procedimientos y decisiones y no defini\u00f3 su lugar dentro de la estructura del poder p\u00fablico. \u00a0Estas prerrogativas sustituyen dos ejes fundamentales de nuestra Carta Pol\u00edtica: el Estado de Derecho y la separaci\u00f3n de poderes.<\/p>\n
Adicionalmente, el Congreso de la Rep\u00fablica modific\u00f3 el sistema de investigaci\u00f3n y juzgamiento de los magistrados de las Altas Cortes y del Fiscal General de la Naci\u00f3n y elimin\u00f3 la figura del antejuicio pol\u00edtico para estos funcionarios. Con la implementaci\u00f3n de este cambio, el Congreso rebas\u00f3 sus competencias para reformar la Constituci\u00f3n, pues desconoci\u00f3 que el control pol\u00edtico de la acci\u00f3n penal en contra de los altos funcionarios de la Rama Judicial es una piedra angular del sistema de pesos y contrapesos, a la par que es una garant\u00eda institucional para proteger la funci\u00f3n jurisdiccional de injerencias indebidas por parte de otros poderes p\u00fablicos.<\/p>\n
De otra parte, el Acto Legislativo 02 de 2015 tambi\u00e9n sustituy\u00f3 la Carta Pol\u00edtica al dejar a los empleados de la Rama Judicial temporalmente sin juez natural en materia disciplinaria. A juicio de la demanda, este vac\u00edo normativo en el modelo de transici\u00f3n derog\u00f3 el principio del debido proceso y gener\u00f3 una especie de \u201cimpunidad disciplinaria\u201d que contrar\u00eda los mandatos que inspiran el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Finalmente, en la demanda se sostiene que el r\u00e9gimen disciplinario transitorio de los empleados de la Rama Judicial gener\u00f3 un vac\u00edo normativo respecto de la responsabilidad disciplinaria de los empleados de la Rama Judicial. Esta situaci\u00f3n sustituye la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los empleados que actualmente est\u00e1n siendo investigados disciplinariamente, porque no establece claramente qui\u00e9n tiene la competencia para juzgar a estos servidores. Adicionalmente, el vac\u00edo descrito sustituye algunos elementos definitorios de la funci\u00f3n p\u00fablica, porque genera una especie de impunidad respecto de las conductas disciplinables que cometan los empleados de la Rama Judicial hasta que se cree la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial.<\/p>\n
7.\u00a0\u00a0\u00a0 Por \u00faltimo, el Fiscal General de la Naci\u00f3n quiere hacer una invitaci\u00f3n cordial a la academia, a las distintas organizaciones de la sociedad civil, y a los ciudadanos en general, a que alimenten con sus argumentos e intervenciones el debate que se suscite en la honorable Corte Constitucional dentro del estudio de constitucionalidad de la reforma de equilibrio de poderes. En la medida en que mayor sea la participaci\u00f3n ciudadana, el proceso deliberativo se ver\u00e1 favorecido y el Alto Tribunal contar\u00e1 con mejores elementos de juicio para tomar una decisi\u00f3n de suma transcendencia para la institucionalidad de Colombia.<\/p>\n