El 24 de septiembre de 2008, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Mario Iguar\u00e1n, por solicitud telef\u00f3nica del Presidente del Consejo de Estado Enrique Gil, recibi\u00f3 en su despacho al consejero, Mauricio Fajardo acompa\u00f1ado del magistrado auxiliar Hugo Mar\u00edn, quienes relataron hechos que podr\u00edan constituir actos de corrupci\u00f3n en dicha corporaci\u00f3n judicial.<\/p>\n
El magistrado Mar\u00edn denunci\u00f3 hechos ocurridos el 16 de julio de 2008, que involucraban, entre otras personas, al consejero Juan \u00e1ngel Palacio Hincapi\u00e9, cargo que no desempe\u00f1aba para la fecha de la denuncia.<\/p>\n
El Fiscal Iguar\u00e1n orden\u00f3 que de inmediato se recibiera la denuncia por parte de polic\u00eda judicial, conforme a la ley 906 de 2005, o sistema penal acusatorio, y se procediera a realizar una designaci\u00f3n especial para que se desarrollara el programa metodol\u00f3gico respectivo.<\/p>\n
El caso fue asignado de manera especial a un fiscal delegado ante tribunal superior de distrito, el mismo 24 de septiembre, luego que un concepto de la Fiscal\u00eda delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinara que la fiscal\u00eda ten\u00eda la competencia para investigar esos hechos.<\/p>\n
Se\u00f1ala la delegada ante la Corte que de acuerdo a lo narrado se trata de un ex servidor p\u00fablico y que su actuar no corresponde al desarrollo propio de sus funciones. Adem\u00e1s, en primer lugar y en desarrollo del averiguatorio, habr\u00eda de establecerse si se incurri\u00f3 en conducta punible de competencia de la Comisi\u00f3n de Acusaci\u00f3n.<\/p>\n
En el programa metodol\u00f3gico se ordenaron entrevistas, interceptaciones telef\u00f3nicas e inspecciones al proceso 14390 de la secci\u00f3n tercera en el Consejo de Estado.<\/p>\n
Agotado el programa metodol\u00f3gico, el 20 de marzo de 2009, el fiscal asignado consider\u00f3 que no hab\u00eda, por el momento, elementos suficientes que demostraran la existencia de un delito y orden\u00f3 un archivo provisional, con fundamento en el art\u00edculo 79 de la ley 906 de 2005. La referida decisi\u00f3n fue notificada a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n el 1 de abril de 2009.<\/p>\n
El mismo c\u00f3digo establece que el archivo provisional no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y que ante un elemento, informaci\u00f3n o evidencia sobreviniente, la investigaci\u00f3n deber\u00e1 reabrirse.<\/p>\n
Bogota julio 13 de 2009<\/p>\n\n