Cuatro funcionarios p\u00fablicos adscritos a la Gobernaci\u00f3n de Risaralda, la Alcald\u00eda de Dosquebradas (Risaralda) y al CTI de la Fiscal\u00eda, fueron cobijados con medida de aseguramiento por un presunto caso de corrupci\u00f3n en el que habr\u00edan otorgado un contrato de m\u00e1s de mil trescientos millones de pesos para hacer cubiertas de techo para varios escenarios deportivos de ese municipio, a un postulante que no cumpl\u00eda con los requisitos de ley.<\/p>\n
Los implicados son H\u00e9ctor Mauricio Angee Villanueva, actual secretario de Deporte, Cultura y Recreaci\u00f3n de Risaralda; Jorge Andr\u00e9s Correa Valencia, asesor Jur\u00eddico de la Alcald\u00eda de Dosquebradas; \u00d3scar Andr\u00e9s Herrera Orrego, secretario de Obras P\u00fablicas de Dosquebradas, y Juli\u00e1n Alberto Rodr\u00edguez Galvis, perito contable e integrante del grupo anticorrupci\u00f3n del CTI de Pereira.<\/p>\n
Durante las audiencias concentradas de legalizaci\u00f3n de captura, imputaci\u00f3n de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira les endilg\u00f3 a los funcionarios de la administraci\u00f3n departamental y la local de Dosquebradas, los delitos de prevaricato por acci\u00f3n, inter\u00e9s il\u00edcito en la celebraci\u00f3n de contratos, falsedad material en documento p\u00fablico e incumplimiento de requisitos para la celebraci\u00f3n de contratos. Por su parte al funcionario judicial le fue imputado el delito de cohecho.<\/p>\n
Pese a que ninguno de los procesados acept\u00f3 los cargos, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas orden\u00f3 la medida de aseguramiento con detenci\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n adelantada por el ente acusador trata de probar la presunta responsabilidad de los funcionarios p\u00fablicos en el otorgamiento de una licitaci\u00f3n a un postulado que no cumpl\u00eda con los requisitos legales exigidos, con el cual previamente habr\u00edan acordado el pago del 15% del contrato para favorecerlo.<\/p>\n
Para lograr su cometido los implicados habr\u00edan falsificado el acta de entrega de la licitaci\u00f3n y un documento que acreditaba la solvencia econ\u00f3mica de la contratista favorecida, lo que les permiti\u00f3 legitimar el otorgamiento del contrato, por lo cual les habr\u00edan pagado la suma de 200 millones de pesos.<\/p>\n
Al conocer que eran investigados por la Fiscal\u00eda, los funcionarios buscaron la presunta colaboraci\u00f3n de un servidor de la Fiscal\u00eda al que le habr\u00edan pagado una suma de dinero para que los mantuviera al tanto de las actuaciones procesales en su contra.<\/p>\n
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