Un juez penal del circuito, con funci\u00f3n de control de garant\u00edas y en segunda instancia, confirm\u00f3 la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia por un juez de control de garant\u00edas contra Rafael Castillo, exsuperintendente de Ecopetrol en Apiay (Meta) por sus presuntos v\u00ednculos con irregularidades en la contrataci\u00f3n entre Petrotiger y Ecopetrol en Apiay.<\/p>\n
La medida de aseguramiento en su contra tiene que ver\u00a0con el contrato 5205171, celebrado entre las dos empresas. Durante su ejecuci\u00f3n, el contratista, por intermedio de Mauricio Vesga, uno de sus gerentes, pag\u00f3 la suma de 850 millones de pesos como comisi\u00f3n ilegal a Castillo para que empleara indebidamente sus influencias como superintendente de operaciones y beneficiar a la multinacional.<\/p>\n
El prop\u00f3sito del pago fue evitar sanciones por las deficiencias en la ejecuci\u00f3n del contrato, que hubieran propiciado su terminaci\u00f3n anticipada. Asimismo, se lograron adiciones en cantidades de trabajo. Los delitos imputados son cohecho propio, tr\u00e1fico de influencias, enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, directivos de Petrotiger habr\u00edan planeado y ejecutado todo un entramado criminal mediante la comisi\u00f3n de un sinn\u00famero de conductas punibles como el pago de comisiones ilegales y falsedades, entre otras, para favorecer sus intereses econ\u00f3micos en los contratos.<\/p>\n
Los pagos, que alcanzaron m\u00e1s de 2.000 millones de pesos, se hicieron, unas veces, a trav\u00e9s de sus propios empleados y en otras ocasiones utilizando empresas fachada, aunque se dieron pagos directos desde las propias cuentas bancarias del contratista.<\/p>\n
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AMC \/ AAEA<\/p>\n\n