Ante un juez penal del circuito de Bogot\u00e1, con funciones de conocimiento, la fiscal 3\u00b0 delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 acus\u00f3 a la excoordinadora de sistemas de la seccional de justicia de la capital del pa\u00eds, Yolima Garc\u00eda Garavito, y a la administradora de empresas y tambi\u00e9n excoordinadora de los sistemas de los juzgados, Diana Fernanda Santos Rubio.<\/p>\n
La fiscal se\u00f1al\u00f3 que a las exfuncionarias se les acusa de haber incurrido presuntamente en los delitos de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y\u00a0da\u00f1o inform\u00e1tico.<\/p>\n
Seg\u00fan lo establecido, las acusadas fueron quienes durante el reparto de una acci\u00f3n de tutela sobre el caso Corelca, la direccionaron para que le correspondiera al Juez 29 \u00a0Civil Municipal\u00a0de Bogot\u00e1, quien\u00a0\u00a0acept\u00f3 la tutela sin tener en cuenta la territorialidad del caso, pues se trataba de un proceso de Cartagena y de Barranquilla, inclusive haciendo caso omiso a las advertencias que sobre el caso hab\u00eda realizado la empresa Corelca y la misma DIAN.<\/p>\n
En lo que tiene que ver con la actuaci\u00f3n del Juez 35, quien actu\u00f3 en segunda instancia, este obvi\u00f3 las advertencias que hab\u00eda de otros organismos y dio luz verde a la actuaci\u00f3n del Juez 29, favoreciendo a los tutelantes, para que se pudieran apropiar de manera ilegal de los terrenos que hab\u00eda cedido Corelca a\u00a064 familias.<\/p>\n
Sobre la historia del litigio, la fiscal del caso se\u00f1al\u00f3 que a ra\u00edz de las obras de extensi\u00f3n de redes el\u00e9ctricas de alta tensi\u00f3n que\u00a0proyect\u00f3 la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica (Corelca), en sectores rurales del municipio de Mompox, para los a\u00f1os 1998 y 1999, por los menos 64 familias campesinas por cuyos predios pasaron las redes se vieron afectadas, interponiendo\u00a0estas una demanda contra la empresa electrificadora.<\/p>\n
Posteriormente para resarcir a los damnificados, la entidad opt\u00f3 por ceder un terreno\u00a0cerca de la ciudad de Cartagena siendo\u00a0escogido el predio de 34 hect\u00e1reas, denominado Mamonal, 12 de las cuales correspond\u00edan\u00a0a una isla, considerada reserva forestal.<\/p>\n
Por\u00a0gesti\u00f3n del\u00a0abogado de las v\u00edctimas\u00a0se realizaron\u00a0escrituras con dos propietarios falsos, las cuales\u00a0se tramitaron ante el juez de Mompox, la registradora de Cartagena (Bol\u00edvar), el notario de Barranquilla\u00a0(Atl\u00e1ntico), y el exgerente de Corelca, quienes dieron su aval a los documentos, pese a las advertencias de la Oficina de la DIAN y la propia empresa Electrificadora.<\/p>\n
Para\u00a0los a\u00f1os 2008, y 2009, se le concedi\u00f3 la propiedad a dos particulares, que\u00a0negociaron el predio con una entidad de Ingenieros.<\/p>\n
Los\u00a0investigados\u00a0causaron un detrimento patrimonial al Estado en suma cercana a los 14 mil millones de pesos, valor del predio\u00a0 Mamonal cedido a las familias afectadas.<\/p>\n
En la actualidad las dos exfuncionarias acusadas permanecen con detenci\u00f3n domiciliaria, despu\u00e9s de la decisi\u00f3n de una juez en segunda instancia, quien les impuso la medida el 29 de enero pasado.<\/p>\n
<\/p>\n
ANM\/DLBM<\/p>\n\n