Abelardo Tercero Andrade Meri\u00f1o, Juez 22 Civil de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), fue afectado con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n domiciliaria, por las conductas punibles de prevaricato por acci\u00f3n y abuso de funci\u00f3n p\u00fablica, al considerar el juzgador que se cumplieron con los requisitos para este fin.<\/p>\n
El procesado renunci\u00f3 a estar presente en la diligencia judicial argumentando su condici\u00f3n de salud.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue proferida por el\u00a0 Juzgado Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garant\u00edas ambulante (Bacrim), quien acogi\u00f3 los argumentos de la Fiscal 9 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, del eje tem\u00e1tico corrupci\u00f3n en la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n
La decisi\u00f3n se deriva de la investigaci\u00f3n adelantada por el ente acusador en contra del mencionado funcionario por las presuntas irregularidades cometidas al conocer y decidir la acci\u00f3n constitucional del\u00a0habeas corpus<\/em>\u00a0que otorg\u00f3\u00a0la libertad al exgobernador de La Guajira, Francisco G\u00f3mez, a quien se investiga por sus presuntos v\u00ednculos con las mafias del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n El juez al motivar su providencia indic\u00f3 que para su despacho es claro la existencia de unas conductas punibles graves, y que la responsabilidad del Juez 22 Civil Municipal recae al recibir el d\u00eda s\u00e1bado 11 de abril del presente a\u00f1o un habeas corpus,\u00a0muy a pesar que para esa fecha fung\u00edan como competentes otros jueces distintos al togado al que le fue asignado y admitido la acci\u00f3n constitucional, lo cual fue debidamente constatado por la Fiscal\u00eda en la inspecci\u00f3n de las actas o certificaciones que dan cuenta del tr\u00e1mite impartido por parte de los funcionarios judiciales encargados del mismo.<\/p>\n Asimismo, el juzgador en su intervenci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que para su despacho resulta tambi\u00e9n incomprensible como pudo el togado decidir sobre una acci\u00f3n constitucional, que as\u00ed sea una exigencia en rigor que requiera de la administraci\u00f3n de justicia, no se detuvo a observar en primera instancia que exist\u00eda una notificaci\u00f3n donde se advierte que no pod\u00eda aceptar el conocimiento de la acci\u00f3n constitucional en comento, lo cual debi\u00f3 generar un detenimiento por parte del funcionario para\u00a0 no solo valorar una discusi\u00f3n de jurisdicci\u00f3n sino de competencia.<\/p>\n Qued\u00f3 entonces en entredicho la inferencia razonable de autor\u00eda de comisi\u00f3n dolosa por parte del togado civil municipal para\u00a0conocer, admitir y decidir sobre la acci\u00f3n entablada.<\/p>\n Dijo adem\u00e1s que\u00a0existe otro hecho no menos grave y es que\u00a0el togado no tuviera en cuenta las consideraciones de los despachos 11 y 13 de la Fiscal\u00eda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la discusi\u00f3n propuesta por los jueces 8 y 9 penales de Barranquilla, donde se adelantan las investigaciones en contra del exgobernador de La Guajira, Francisco G\u00f3mez Cerchar, quien se encuentra privado de la libertad;\u00a0para motivar su decisi\u00f3n. Decisi\u00f3n\u00a0que, desde un principio para ese despacho,\u00a0se encuentra viciada de competencia.<\/p>\n Por otra parte, el juez de garant\u00edas, pese a la solicitud de la Fiscal\u00eda sobre la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento intramuros, dict\u00f3 la domiciliaria al tener en cuenta\u00a0el respeto y la dignidad humana de quien funge como procesado por presentar quebrantos de\u00a0salud que lo mantienen internado en un centro de salud en Barranquilla, y que de igual forma no representa peligro\u00a0de fuga para el desarrollo del proceso,\u00a0obstrucci\u00f3n a la administraci\u00f3n de justicia ni para la seguridad de la comunidad.<\/p>\n La medida impuesta deber\u00e1 cumplirse una vez el procesado supere su condici\u00f3n de salud, y no debe existir acercamiento entre el imputado y el sitio donde funciona el Juzgado 22 Civil Municipal, pues de advertirse que la decisi\u00f3n no se est\u00e1 cumpliendo,\u00a0podr\u00e1 sustituirse la medida por una privativa en centro carcelario.<\/p>\n El representante del ente acusador interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del juez de garant\u00edas, al concluir que se debe garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales y\u00a0el buen desarrollo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n NIGC\/DLBM<\/p>\n\n