Cobros por medicamentos no entregados a usuarios, por suministros de servicios de salud no prestados, por contratos nulos o inexistentes y favorecimientos en la adjudicaci\u00f3n de otros, hacen parte de las 49 investigaciones que adelanta la Fiscal\u00eda por posible corrupci\u00f3n en el sistema de salud del departamento del Choc\u00f3.<\/p>\n
De acuerdo con el informe presentado hoy por el Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo, a la Corte Constitucional durante la Audiencia P\u00fablica de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, la Fiscal\u00eda ha avanzado en diferentes l\u00edneas de investigaci\u00f3n dejando como resultado, entre otras, 19 acusaciones, tres sentencias condenatorias, dos en etapa de juicio, y 25 m\u00e1s en indagaci\u00f3n preliminar y preparaci\u00f3n de audiencias de imputaci\u00f3n.<\/p>\n
Entre algunos casos destacados se encuentran tres procesos relacionados con contratos suscritos por el Departamento Administrativo de Salud del Choc\u00f3 para el suministro de servicios m\u00e9dicos de baja y media complejidad a personas vinculadas al sistema de salud, los cuales al parecer no fueron prestados a los usuarios, pero si cancelados a las IPS. Por estos hechos se encuentran capturados\u00a0el propietario de un consultorio ginecol\u00f3gico, el auditor m\u00e9dico de la Secretar\u00eda de Salud para la \u00e9poca de los hechos, el representante legal de la IPS y una bacteri\u00f3loga, quienes en un proceso fueron acusados, en otro est\u00e1n en espera de sentencia, tras allanarse a cargos y en el \u00faltimo est\u00e1 por formularse la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Para adelantar las investigaciones de manera m\u00e1s eficaz, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n gener\u00f3 ocho ejes tem\u00e1ticos que comprenden: los relativos a contratos suscritos por el Departamento Administrativo de Salud con droguer\u00edas para el suministro de medicamentos de alto costo, no incluidos en el POS; contratos con ocho IPS, para el suministro de servicios de salud de baja y media complejidad; contratos y otros t\u00edtulos que generaron embargos y procesos ejecutivos contra Caprecom en esa regional; contratos que fueron cobrados al Departamento Administrativo de Salud mediante procesos ejecutivos; contrato para la recuperaci\u00f3n de la cartera derivada del servicio de salud en el departamento; las relacionadas con el Hospital San Francisco de As\u00eds de Quibd\u00f3 y la Loter\u00eda del Choc\u00f3 y con el Hospital Eduardo Santos de Istmina; y una \u00faltima que tiene que ver con presuntos favorecimientos en la adjudicaci\u00f3n de 14 contratos del Departamento Administrativo de Salud del Choc\u00f3.<\/p>\n
El desarrollo de estas las l\u00edneas de investigaci\u00f3n depende igualmente de varias estrategias investigativas y organizativas creadas para hacer frente a los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, en especial los relacionados con los recursos dirigidos a los sectores m\u00e1s vulnerables de la poblaci\u00f3n colombiana, como la asociaci\u00f3n de casos, priorizando los m\u00e1s graves que a la vez contribuyan a desmantelar las organizaciones criminales.<\/p>\n
Con base en estas estrategias, se conform\u00f3 una Unidad Investigativa que cuenta con dos fiscales y cuatro investigadores, quienes peri\u00f3dicamente presentan el resultado de los avances ante un Comit\u00e9 T\u00e9cnico Jur\u00eddico y las Mesas de Trabajo. Al mismo tiempo varios casos fueron reasignados a un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Quibd\u00f3, y que tiene acompa\u00f1amiento jur\u00eddico de un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, encargado adem\u00e1s, de realizar capacitaciones a los fiscales de esa seccional.<\/p>\n
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