El Juez 31 Penal Del Circuito de Bogot\u00e1 con funciones de conocimiento, actuando en segunda instancia, orden\u00f3 la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del gerente de la firma de ingenieros\u00a0\u00a0FG SAS, Honorato Galvis Panqueva y del contador de la firma Conequipos, Jorge Augusto D\u00e1vila Palacios.<\/p>\n
Seg\u00fan el juzgador, la medida se hace necesaria debido a la gravedad de los delitos endilgados, y por lo tanto los procesados deb\u00edan pasar de la detenci\u00f3n domiciliaria a la c\u00e1rcel.<\/p>\n
Por apelaci\u00f3n de la Fiscal 3\u00b0 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el juez\u00a0\u00a0en su decisi\u00f3n tambi\u00e9n orden\u00f3 la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n domiciliaria en contra de la coordinadora de sistemas de la Seccional de Justicia de Bogot\u00e1,\u00a0Yolima Garc\u00eda Garavito y a la administradora de empresas y tambi\u00e9n coordinadora de sistemas de los juzgados, Diana Fernanda Santos Rubio, quienes estaban en libertad.<\/p>\n
Respecto del Juez 35 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Luis Guillermo Bola\u00f1os S\u00e1nchez, al igual que del Juez 5\u00b0 Administrativo de Bogot\u00e1, Pablo Alfonso Correa Pe\u00f1a, la decisi\u00f3n de segunda instancia\u00a0\u00a0les permiti\u00f3 continuar con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n domiciliaria, tal como lo hab\u00eda ordenado\u00a0\u00a0el Juez 33 Penal Municipal de Bogot\u00e1, con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, el 6 de octubre de 2014.<\/p>\n
Estas personas son se\u00f1aladas de ser\u00a0presuntas responsables de los delitos de\u00a0 peculado por apropiaci\u00f3n, falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, cohecho por dar u ofrecer, y cohecho propio.<\/p>\n
La decisi\u00f3n referente al Juez 35 Civil, tiene que ver con su actuaci\u00f3n en segunda instancia sobre un fallo proferido por el Juzgado 29 Civil, el cual acept\u00f3 una tutela sin tener en cuenta la territorialidad del caso, pues se trataba de un proceso de Cartagena y de Barranquilla, inclusive haciendo caso omiso a las advertencias que sobre el caso hab\u00eda realizado la empresa Corelca y la misma DIAN.<\/p>\n
Teniendo en cuenta esto, el Juez 35 obvi\u00f3 tambi\u00e9n las advertencias y dio luz verde a la actuaci\u00f3n de primera instancia del Juez 29, favoreciendo a los tutelantes, en este caso los dos particulares que representaban a las empresas de ingenieros.<\/p>\n
La fiscal del caso asegur\u00f3 que los dos\u00a0juece,s gracias a la entrega de una millonaria suma de dinero, dieron su aval para que los tutelantes se pudieran apropiar de manera ilegal de los terrenos que hab\u00eda cedido la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica (Corelca) a\u00a064 familias.<\/p>\n
Sobre la historia del litigio, la fiscal del caso indic\u00f3 que a ra\u00edz de las obras de extensi\u00f3n de redes el\u00e9ctricas de alta tensi\u00f3n que\u00a0proyect\u00f3 Corelca, en sectores rurales del municipio de Mompox, para los a\u00f1os 1998 y 1999, al menos 64 familias campesinas por cuyos predios pasaron las redes se vieron afectadas, interponiendo\u00a0estas una demanda contra la electrificadora.<\/p>\n
Posteriormente para resarcir a los damnificados, la entidad opt\u00f3 por ceder un terreno\u00a0 cerca de la ciudad de Cartagena, siendo\u00a0escogido el predio de 34 hect\u00e1reas, denominado Mamonal, 12 de las cuales correspond\u00edan\u00a0a una isla, considerada zona de reserva forestal.<\/p>\n
Por\u00a0gesti\u00f3n del\u00a0abogado de las v\u00edctimas\u00a0se realizaron\u00a0escrituras con dos propietarios falsos, las cuales\u00a0 se tramitaron ante el juez de Mompox, la registradora de Cartagena, el notario de Barranquilla\u00a0y el exgerente de Corelca, quienes dieron su aval a los documentos.<\/p>\n
Para\u00a0 los a\u00f1os 2008 y 2009, los\u00a0 imputados continuaron realizando la gesti\u00f3n de los documentos, concediendo\u00a0 la\u00a0 propiedad a dos particulares, quienes\u00a0 negociaron el predio con una entidad de ingenieros.<\/p>\n
La fiscal del caso dio a conocer que los\u00a0investigados\u00a0causaron un detrimento patrimonial al estado en suma cercana a los 14 mil millones de pesos, valor del predio\u00a0Mamonal cedido a las familias afectadas.<\/p>\n
Al final de la audiencia tanto el empresario como el contador fueron enviados a la c\u00e1rcel, mientras que las dos mujeres fueron conducidas por el Inpec a sus residencias.<\/p>\n
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