A penas de 10, nueve, siete y dos a\u00f1os de prisi\u00f3n fueron condenadas 16 personas, mientras que otras dos fueron absueltas, entre empresarios palmicultores, ganaderos, abogados y desmovilizados, por el desplazamiento de las comunidades afrodescendientes de Riosucio y el Carmen del Dari\u00e9n, conocido como el caso de Juguamiand\u00f3 y Curvarad\u00f3, ocurrido en 1997.<\/p>\n
De acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medell\u00edn, Mario Alberto V\u00e9lez Giraldo, abogado; Gabriel Jaime Sierra Moreno, comerciante; Mario Le\u00f3n Villa Pacheco; Juan Jos\u00e9 Palacios Palacios, alias El Diablo, agricultor; Manuel Gregorio Denis Bland\u00f3n, alias Goyo, agricultor; Sor Enid Ospina Rend\u00f3n, abogada; Javier Jos\u00e9 Daza Pretelt, comerciante; Katia Patricia S\u00e1nchez Mej\u00eda, administradora tur\u00edstica y hotelera; Hern\u00e1n I\u00f1igo de Jes\u00fas G\u00f3mez Hernandez; Gabriel Segundo Fern\u00e1ndez Navarro, dedicado a oficios varios y Orlando Moreno Mora, agricultor, tendr\u00e1n que pagar una pena de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2.650 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, al encontrarlos responsables como autores del concurso de conductas punibles de concierto para delinquir, desplazamiento forzado e invasi\u00f3n de tierras de especial importancia ecol\u00f3gica.<\/p>\n
De otra parte Dagoberto Antonio Montiel Mercado, alias El Cucho y Robin Manuel Calonge Alcala, alias Choco Robi fueron condenados a 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2.600 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes en calidad de autores de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.<\/p>\n
El Juzgado Especializado de Medell\u00edn resolvi\u00f3 condenar a Sor Teresa G\u00f3mez Alvarez a 7 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2050 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes como responsable de desplazamiento forzado de invasi\u00f3n de tierras de especial importancia ecol\u00f3gica y a Claudio Adolfo Fregni Ochoa, administrador de empresas a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como autor de invasi\u00f3n de tierras de especial importancia ecol\u00f3gica.<\/p>\n
Ra\u00fal Alberto Penagos Gonz\u00e1lez. Ingeniero agr\u00f3nomo y Jos\u00e9 Miguel Ruiz Cossio, administrador de empresas fueron absueltos.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n en febrero de 1997, durante la denominada Operaci\u00f3n G\u00e9nesis, las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, en connivencia con miembros de la Brigada 17 del Ej\u00e9rcito Nacional, incursionaron violentamente en las cuencas de los r\u00edos Cacarica, Salaqu\u00ed y Truand\u00f3 del municipio de Riosucio, Choc\u00f3, y que se extendi\u00f3 al Bajo Atrato chocoano, jurisdicci\u00f3n del Carmen de Dari\u00e9n, entre las cuales est\u00e1n las cuencas de los r\u00edos Juguamiand\u00f3 y Curvarad\u00f3, donde ejecutaron actos hostiles contra las poblaciones afrodescendientes que poblaban el sector, lo cual gener\u00f3 su desplazamiento.<\/p>\n
Posteriormente, a partir del a\u00f1o 2000, empresas dedicadas al cultivo de palma o ganader\u00eda extensiva, entre ellas Urapalma S.A., Palmas del Curvarad\u00f3 S. A., Palmura S.A., Palmand\u00f3 LTDA, Inversiones Agropalma & C\u00eda LTDA, Palmas S.A., Palmas de Bajir\u00e1 e Inversiones Fregni Ochoa, se asentaron en las cuencas de los r\u00edos Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3 con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial de explotaci\u00f3n de palma de aceite, generando un impacto ambiental negativo en los territorios colectivos y zonas declaradas como reserva forestal, tales como da\u00f1os en los recursos h\u00eddricos, en el suelo y la biodiversidad, causados en el lugar en que cada una de ellas desarroll\u00f3 sus actividades agropecuarias y\/o ganaderas.<\/p>\n
El juzgado Quinto Penal del Circuito de Medell\u00edn, acogiendo la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda consider\u00f3 que los hechos no permiten ninguna duda frente a lo sucedi\u00f3 en la regi\u00f3n, m\u00e1s cuando los mismos jefes, entre ellos Freddy Rend\u00f3n Herrera, Everth Veloza Garc\u00eda y Ra\u00fal Emilio Hasbun Mendoza, lo confirmaron en sus diferentes versiones.<\/p>\n
En uno de los apartes de la sentencia el Juzgado se refiri\u00f3 al apoyo que recibieron las autodefensas en esa regi\u00f3n del pa\u00eds: \u201cDel mismo modo, en la actuaci\u00f3n se determin\u00f3 que en el accionar de esa estructura paramilitar hizo parte o coadyuvaron diversos actores como miembros de la Fuerza P\u00fablica, otros, pertenecientes al sector empresarial y particulares a fin de lograr prop\u00f3sitos econ\u00f3micos y expansivas de la organizaci\u00f3n, debido al gran potencial de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de la regi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
El Juzgado tambi\u00e9n compuls\u00f3 copias para que se investigue las actuaciones de Finagro frente al desembolso de presuntamente irregular de cr\u00e9ditos a empresas como Palmas de Curvarad\u00f3 y Urapalma e impuso a las personas sentenciadas el pago de 10 mil 591 millones 869 mil 186 pesos a favor de Finagro, por concepto de perjuicios materiales.<\/p>\n
Orden\u00f3 Notificaci\u00f3n Roja de la Interpol en contra de Javier Jos\u00e9 Daza Pretelt y al Ministerio de Justicia para que se tramite su extradici\u00f3n a Colombia desde Panam\u00e1.<\/p>\n
En otro de los apartes el juzgado orden\u00f3 Gobierno Nacional iniciar lo pertinente a fin de reparar el da\u00f1o ambiental ocasionado, la compensaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido a nivel sociocultural pro las poblaciones v\u00edctimas de estos hechos, as\u00ed como el acompa\u00f1amiento a las v\u00edctimas para que exista garant\u00edas de satisfacci\u00f3n de todas sus necesidades en educaci\u00f3n, vivienda y salud, adem\u00e1s de la devoluci\u00f3n de los territorios colectivos de Juguamiand\u00f3 y Curvarad\u00f3 en el menor tiempo posible.<\/p>\n\n