Fueron asegurados con medida de detenci\u00f3n domiciliaria Claudia Patricia Boh\u00f3rquez y Lewis Caraballo Torres, exfuncionarios de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena (Bol\u00edvar), por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y prevaricato por acci\u00f3n.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue proferida por un juez de control de garant\u00edas de Cartagena (Bol\u00edvar), quien acogi\u00f3 los argumentos de la Fiscal\u00eda 16 Seccional, en los que indic\u00f3 que seg\u00fan sus investigaciones, existieron presuntas irregularidades en la adquisici\u00f3n de predios para la ampliaci\u00f3n de la ruta del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe S.A.<\/p>\n
Boh\u00f3rquez y Caraballo eran los encargados de hacer los estudios de t\u00edtulos y escrituras de los predios del trazado, los cuales eran p\u00fablicos pero finalmente certificaron como privados sin el lleno de los requisitos.<\/p>\n
El trabajo de Claudia Patricia Boh\u00f3rquez, como jur\u00eddica de la Oficina de\u00a0Instrumentos P\u00fablicos, al igual que el de Lewis Caraballo Torres, como calificador, les permiti\u00f3 inscribir diferentes escrituras p\u00fablicas, mediante las cuales se hicieron aclaraciones de linderos y medidas que incrementaron injustificadamente sus \u00e1reas en considerables metros cuadrados, los cuales posteriormente le vendieron a Transcaribe y recayeron materialmente sobre espacio p\u00fablico.<\/p>\n
Es as\u00ed como violaron el Decreto ley 1250 de 1970, la instructiva 03 de 2007 (Superintendencia de Notariado y Registro) y la instructiva conjunta de 2010 (IGAC y Superintendencia de Notariado y Registro), pues la inscripci\u00f3n de aquellos documentos (escritura p\u00fablicas de aclaraci\u00f3n de linderos y medidas) no conten\u00edan protocolizadas las resoluciones del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), tal como lo dispone la normatividad antes citada; situaci\u00f3n conocida por los imputados, ya que el estudio de esos documentos formaba parte de su labor.<\/p>\n
Seg\u00fan lo indic\u00f3 la Fiscal\u00eda, su responsabilidad recae\u00a0en que debieron rechazar mediante una nota devolutiva y no inscribir las citadas resoluciones; pues precisamente esas conductas prevaricadoras, al conceptuar jur\u00eddicamente circunstancias contrarias a la normatividad respectiva, facilitaron que el gerente de Transcaribe con el visto bueno de su asesor jur\u00eddico, hoy con detenci\u00f3n domiciliaria, le entregara\u00a0 a particulares m\u00e1s de dos mil doscientos millones de pesos ($2 200 000 000), desfavoreciendo a Transcaribe.<\/p>\n
Una tercera persona capturada, fue dejada en libertad pero continuar\u00e1 vinculada al proceso<\/p>\n
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PAAM\/DLBM<\/p>\n\n