El Fiscal General de la Naci\u00f3n, Luis Eduardo Montealegre Lynett radic\u00f3 hoy ante la C\u00e1mara de Representantes los siguientes proyectos de ley:<\/p>\n
1. Un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto es un importante avance en la protecci\u00f3n de derechos fundamentales y en el fortalecimiento de las garant\u00edas penales. La reforma propone crear dos salas de juzgamiento y dos magistrados instructores en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendr\u00e1n como funci\u00f3n llevar a cabo las labores de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n de los casos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y personas con fuero.<\/p>\n
La reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prev\u00e9 la incorporaci\u00f3n de significativas herramientas jur\u00eddicas para asegurar la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley y la protecci\u00f3n de derechos fundamentales y de las garant\u00edas penales, a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de la figura de la eventual revisi\u00f3n de decisiones, de la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificaci\u00f3n vinculantes para todos los jueces y de tomar decisiones con base en criterios de equidad, que permitan la mejor realizaci\u00f3n de la justicia material en los casos concretos.<\/p>\n
Sobre este proyecto de ley el Fiscal General Eduardo Montealegre Lynnet asegur\u00f3 \u201cque no solo se crea una segunda instancia para los congresistas sino que adem\u00e1s se extiende la segunda instancia para una gran mayor\u00eda de los aforados constitucionales, como generales de la rep\u00fablica, ministros del despacho, gobernadores, es decir toda persona que tenga fuero constitucional distinto al de las investigaciones que adelanta la comisi\u00f3n de acusaci\u00f3n y juzgamiento, tendr\u00e1n la garant\u00eda institucional de la segunda instancia\u201d.<\/p>\n
2. El segundo proyecto de ley tiene como objeto la creaci\u00f3n de un Tribunal Nacional de Garant\u00edas Constitucionales en Asuntos Penales. Las funciones de este nuevo Tribunal ser\u00e1n las de servir como m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre en materia de garant\u00edas penales. Para el efecto, se propone que el Tribunal pueda realizar la unificaci\u00f3n de jurisprudencia, a trav\u00e9s de la revisi\u00f3n discrecional de las decisiones adoptadas por los jueces de garant\u00edas y de la facultad de proferir sentencias interpretativas.<\/p>\n
Este Tribunal podr\u00e1 desplazar discrecionalmente a cualquier juez de garant\u00edas y ser\u00e1 a su vez juez de garant\u00edas en las investigaciones o procesos penales que se adelanten contra aforados constitucionales y contra cualquier otra persona que le sea asignada por la ley. Tambi\u00e9n est\u00e1 previsto que el Tribunal pueda realizar eventualmente el control de las acusaciones que presente la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
Una de las caracter\u00edsticas del Tribunal es la forma como son designados sus magistrados, y en donde se combinan diversos sistemas de elecci\u00f3n. Esencialmente los miembros de este nuevo Tribunal ser\u00e1n elegidos por la Corte Suprema de Justicia de una terna que ser\u00e1 conformada a trav\u00e9s de un sistema de oposici\u00f3n o concurso. Este sistema asegura tanto la elecci\u00f3n por m\u00e9ritos, como la independencia de la rama judicial.<\/p>\n
Sobre el segundo proyecto de ley Montealegre afirm\u00f3 que \u201cuna de la fallas del sistema acusatorio es que no existe un organismo al interior de la estructura judicial penal colombiana que unifique la jurisprudencia, y los criterios de interpretaci\u00f3n de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, esta labor la cumple excepcionalmente la Corte Constitucional a trav\u00e9s del control abstracto de constitucionalidad, o trav\u00e9s de la tutela, la Corte Suprema de Justicia a trav\u00e9s de la casaci\u00f3n, pero no existe en Colombia un \u00f3rgano que le de coherencia a la justicia y a la unificaci\u00f3n de las decisiones que toman los jueces de control de garant\u00edas, en el pa\u00eds, entonces como un paso m\u00e1s a la teor\u00eda de la irradiaci\u00f3n de los derechos fundamentales dentro del proceso penal que es una de las caracter\u00edsticas del derecho constitucional y penal moderno, se propone la creaci\u00f3n de un Tribunal de garant\u00edas dentro del proceso penal\u201d.<\/p>\n
Con estos proyectos se pretende ampliar las protecciones a las garant\u00edas constitucionales y a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales. As\u00ed mismo, fortalece el sistema acusatorio y lo extiende en la mayor medida posible a los casos en los cuales a\u00fan no ten\u00eda aplicaci\u00f3n. De igual forma robustece el sistema de precedentes de la justicia ordinaria, a trav\u00e9s de la figura de las sentencias de unificaci\u00f3n, de las decisiones interpretativas y de la posibilidad de modular los fallos.<\/p>\n
Todas estas propuestas del Fiscal General de la Naci\u00f3n, no tienen otro objeto que el de fortalecer el sistema de administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n