La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n informa:<\/p>\n
a. En el marco del debate sobre la posibilidad de que parejas conformadas por personas del mismo sexo adopten menores de edad en nuestro pa\u00eds, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett, radic\u00f3 ante la Secretar\u00eda General de la Honorable Corte Constitucional su intervenci\u00f3n en el proceso de constitucionalidad que estudia las normas referentes a los requisitos legales sobre la adopci\u00f3n.<\/p>\n
b. Despu\u00e9s de estudiar a fondo el marco normativo sobre la adopci\u00f3n en Colombia, el Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n encontr\u00f3 que la imposibilidad de que parejas homosexuales adopten conjuntamente a un menor, o puedan adoptar al hijo o hija de su compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente genera un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n constitucional, lo cual desconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 seg\u00fan la cual, el Estado debe proteger a la familia (Art\u00edculo 5\u00ba Superior ) y el derecho fundamental de los ni\u00f1os y ni\u00f1as a tener un hogar (Art\u00edculo 44\u00ba Superior). As\u00ed por ejemplo, de no permitirse en todos los casos la adopci\u00f3n por parte de personas del mismo sexo, se llegar\u00eda al absurdo de que los hijos o padres o madres de crianza estar\u00edan obligados a declarar en contra de los miembros de su familia, sin que les apliquen las garant\u00edas procesales consignadas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal referentes a la no obligatoriedad del ciudadano de declarar contra s\u00ed mismo, su c\u00f3nyuge, sus hijos, padres o hermanos.<\/p>\n
c. Para la Fiscal\u00eda es claro que la falta de reconocimiento del parentesco civil que tienen las familias conformadas por parejas del mismo sexo en las circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva conlleva una grave desprotecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y de la familia. As\u00ed por ejemplo, el art\u00edculo 200 n. 3 del C\u00f3digo Penal prev\u00e9 la agravaci\u00f3n punitiva del delito de violaci\u00f3n de los derechos de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n que concede la normatividad laboral cuando se ejecute mediante la amenaza de causar la muerte,\u00a0da\u00f1o en bien ajeno\u00a0 al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.<\/p>\n
d. En virtud de lo anterior y ante el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n constitucional que actualmente tienen las familias conformadas por personas del mismo sexo, el Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 a la H. Corte Constitucional que declare la constitucionalidad condicionada de las normas demandadas, en el sentido que de las expresiones \u201cc\u00f3nyuge\u201d<\/em> y \u201ccompa\u00f1ero permanente\u201d<\/em>, <\/strong>comprenden tambi\u00e9n al c\u00f3nyuge o al compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente del mismo sexo.<\/p>\n e. Finalmente el Se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n recalc\u00f3 que en el marco del Estado Social de Derecho, los derechos de los ni\u00f1os son fundamentales. Y m\u00e1s a\u00fan, es protag\u00f3nica la garant\u00eda constitucional a tener una familia, en el entendido de que la familia no solamente es indispensable para el ejercicio de otros derechos constitucionales, sino que adem\u00e1s, es id\u00f3nea para que, los ni\u00f1os y ni\u00f1as puedan tener un desarrollo arm\u00f3nico e integral.<\/p>\n <\/p>\n Direcci\u00f3n Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo<\/p>\n\n