La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se permite informar que hoy radicar\u00e1 ante el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicitud de audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en contra de la doctora SANDRA MORELLI RICO, Contralora General de la Rep\u00fablica, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.<\/p>\n
Esta actuaci\u00f3n fue iniciada con base en la denuncia presentada por CARLOS ABEL SAAVEDRA ZAFRA, presidente de uno de los sindicatos de trabajadores de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, quien inform\u00f3 de la presunta existencia de irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad (Edificio Gran Estaci\u00f3n II)<\/em>.<\/p>\n Una vez adelantada la indagaci\u00f3n penal correspondiente, la Fiscal\u00eda logr\u00f3 determinar la existencia de una inferencia razonable de autor\u00eda y participaci\u00f3n sobre los siguientes puntos:<\/p>\n Primero. El desconocimiento del principio de planeaci\u00f3n. Lo anterior porque no se adelantaron estudios t\u00e9cnicos tendientes a establecer si los dos edificios ubicados en el centro de la ciudad presentaban fallas estructurales que impidieran el cabal desarrollo de las labores constitucionalmente encomendadas a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. Este punto resultaba esencial para definir si era urgente o no el traslado de sus funcionarios a otras sedes rentadas o propias.<\/p>\n Segundo. El principio de transparencia tambi\u00e9n pudo ser desconocido en el tr\u00e1mite contractual aludido. Los documentos con los que se soport\u00f3 la suscripci\u00f3n de los contratos de arrendamiento son simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad t\u00e9cnica para hacer un diagn\u00f3stico estructural respecto de tales edificaciones. Adicionalmente, en ninguno de aquellos documentos fue sugerido el cambio de sede de la citada entidad.<\/p>\n Tercero.\u00a0Existieron graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripci\u00f3n de los contratos cuestionados. Estos se realizaron con fundamento en una mera comparaci\u00f3n de precios extra\u00eddos de una p\u00e1gina web. No fueron realizados con inmuebles, ofertas y proponentes comparables entre s\u00ed y que guarden relaci\u00f3n con las necesidades de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n Cuarto. Pudo afectarse tambi\u00e9n el principio de selecci\u00f3n objetiva. Se desnaturaliz\u00f3 el contrato de arrendamiento para incluir en el mismo la adquisici\u00f3n de: ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros, con pagos amortizados a 10 a\u00f1os o, en todo caso, al momento de darse por terminado el contrato. Con esta figura el ente de control fiscal se oblig\u00f3 a llevarse consigo tales elementos.<\/p>\n Quinto. Pudo haberse violado tambi\u00e9n el principio de econom\u00eda, porque aun cuando exist\u00edan ofertas m\u00e1s favorables del mismo contratista, sin mayor motivaci\u00f3n, el contrato fue suscrito con un sobrecosto cercano al 10% respecto de la oferta inicial recibida por la Contralor\u00eda.<\/p>\n La posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, garante absoluta del respeto de los derechos fundamentales, es que la imposici\u00f3n de medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene car\u00e1cter excepcional. En ese orden, para el caso concreto, se solicitar\u00e1 que el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 imponga una medida de aseguramiento NO<\/strong> privativa de la libertad a la doctora MORELLI RICO. En este caso, la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds. Dicha medida se juzga suficiente para asegurar su comparecencia al proceso penal.<\/p>\n ______________________________________________________________<\/p>\n Declaraciones Camilo Burbano,\u00a0Director Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulaci\u00f3n Interinstitucional en Materia Penal<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20140815.mp3|titles=Declaraciones]\n