En el marco del Segundo Foro de An\u00e1lisis del Sistema Penal Oral Acusatorio que se realiza en Paipa (Boyac\u00e1), la fiscal Mar\u00eda Victoria Parra expuso de manera general los 14 puntos que se analizaron en el diagn\u00f3stico de las principales falencias que presentaba el sistema penal, para plantear su reforma.<\/p>\n
Tras el an\u00e1lisis de su desarrollo operativo\u00a0 log\u00edstico, la parte sociol\u00f3gica, la pol\u00edtica criminal y el aspecto normativo y jurisprudencial, una comisi\u00f3n conformada y que sesiona desde hace un a\u00f1o semanalmente, detect\u00f3 tales falencias y se encarg\u00f3 de hacer unos ajustes, m\u00e1s no una reforma estructural al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, con el fin de permitir un proceso penal que se desarrolle de forma eficaz y r\u00e1pida.<\/p>\n
La propuesta se desarroll\u00f3\u00a0 con base en el diagn\u00f3stico que arrojaron los principales actores del sistema procesal penal y la recopilaci\u00f3n de documentos enviados por las diferentes seccionales de la Fiscal\u00eda, as\u00ed como distintos tribunales de todo el pa\u00eds,\u00a0 algunas universidades y otras instituciones.<\/p>\n
Una vez determinados los insumos, se realiz\u00f3 el estudio que permiti\u00f3 presentar esta propuesta:<\/p>\n
1. Suprimir la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, puesto que se entiende simple y llanamente como un acto de comunicaci\u00f3n que resulta repetitivo, existe una duplicidad innecesaria de procedimientos porque esta audiencia cumple la misma finalidad de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Por ello la propuesta radica en que el proceso se inicie formalmente con la acusaci\u00f3n, se aumenten los t\u00e9rminos de indagaci\u00f3n y la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpa con la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. Igualmente, se autoriza la negociaci\u00f3n y realizaci\u00f3n de preacuerdos previos a esta diligencia, pero dado el caso que se hagan efectivos ser\u00e1n tenidos en cuenta como escrito de acusaci\u00f3n. Por \u00faltimo se establece que la aceptaci\u00f3n de cargos acarrea una rebaja hasta del 50 por ciento de la pena dosificada.<\/p>\n
2. Otro punto se relaciona con la autorizaci\u00f3n judicial que se exige por mandato constitucional para llevar a cabo actos investigativos que implique una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales. La reforma plantea la necesidad de un cambio en este aspecto, por las dificultades en la pr\u00e1ctica, demora en los tr\u00e1mites de solicitud y la dilaci\u00f3n excesiva de t\u00e9rminos en la etapa de indagaci\u00f3n. De acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales, no se exige una audiencia formal para estas solicitudes, por ello se propone dejar intacto el control previo, pero se pretende suprimir la realizaci\u00f3n de audiencias formales con la intervenci\u00f3n de todas las partes. Es decir, que la Fiscal\u00eda podr\u00eda realizar esta solicitud judicial de manera informal por cualquier medio id\u00f3neo, cumpliendo los requisitos y dejando un registro que indique que se cuenta con tal autorizaci\u00f3n por parte del juez de control de garant\u00edas. El control posterior, por su parte quedar\u00eda atado a la audiencia preparatoria, ya que es el momento indicado para discutir la validez de los medios de conocimiento.<\/p>\n
3. El tercer tema abordado por la comisi\u00f3n fue la variaci\u00f3n del archivo de las diligencias. En este punto se plantea la necesidad de garantizar los derechos de las v\u00edctimas seg\u00fan la normatividad internacional y constitucional, permitiendo as\u00ed que la v\u00edctima, sin contar con nuevos elementos de conocimiento, pueda acudir ante la Fiscal\u00eda para controvertir la orden de archivo de un proceso y, en caso de desacuerdo asistir ante el juez de control de garant\u00edas.<\/p>\n
Igualmente, se tuvo en cuenta la cantidad de casos en estado de indagaci\u00f3n con que cuenta la Fiscal\u00eda, sin probabilidad de pasar de esta etapa hasta el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n penal, porque a pesar de la labor investigativa no se puede obtener pruebas para demostrar que se constituyen los delitos. Para tal fin, se propone modificar el Art\u00edculo 79, donde la Fiscal\u00eda pueda proceder al archivo de las diligencias si se demuestra que, despu\u00e9s del despliegue investigativo,\u00a0 no se ha logrado recaudar material probatorio o medios de conocimiento.<\/p>\n
4. Las negociaciones, preacuerdos y principios de oportunidad. Sobre el tema se se\u00f1al\u00f3 que es necesaria la modificaci\u00f3n ante los requisitos excesivos para la aplicaci\u00f3n de estas formas de terminaci\u00f3n anticipada de los casos. Agreg\u00f3 la funcionaria que se debe restablecer la aplicaci\u00f3n plena de estas alternativas que sufrieron cambios con la entrada en vigencia de leyes posteriores.<\/p>\n
En cuanto al allanamiento a cargos, se pretende definir en forma concreta la rebaja de pena que se reconoce a quien se allana cargos, seg\u00fan la etapa procesal. En materia de preacuerdos, se deben definir los conceptos de negociaciones, preacuerdos y acuerdos; as\u00ed como incluir la relaci\u00f3n de facultades que le asisten a la fiscal\u00eda al realizarlos.<\/p>\n
Del principio de oportunidad se plantea ampliar el l\u00edmite temporal para su concesi\u00f3n hasta antes de iniciar el juicio oral. Se unificaran causales que dan lugar a la aplicabilidad de un principio de oportunidad con fundamento en la colaboraci\u00f3n eficaz, entre otros.<\/p>\n
5. Un quinto \u00edtem es el restablecimiento pleno de la justicia premial, que como se mencionaba anteriormente sufri\u00f3 cambios con leyes posteriores. As\u00ed, el proceso penal debe tener una mirada diferente para optar por la soluci\u00f3n m\u00e1s leg\u00edtima posible al conflicto que ha generado un delito, siempre bajo el principio de ponderaci\u00f3n.<\/p>\n
La justicia premial permite dotar de eficiencia y eficacia a la justicia penal, por eso es necesario restablecer estos beneficios para obtener formas de terminaci\u00f3n anticipada del proceso, y buscar mecanismos alternativos a la soluci\u00f3n del conflicto. La propuesta entonces es derogar las leyes posteriores a la Ley 906 que dieron origen a las restricciones.<\/p>\n
6. Otro tema alude a los beneficios por colaboraci\u00f3n eficaz posterior a la sentencia condenatoria, en tanto que la justicia premial es adoptada como un mecanismo indispensable para la eficacia de la justicia. Al respecto se plantea restablecer dichos beneficios, labor que estar\u00eda en cabeza de la Fiscal\u00eda una vez eval\u00fae y concept\u00fae sobre la eficacia de la colaboraci\u00f3n, pero siempre\u00a0 bajo el control judicial que corresponde a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad. Es conveniente, expreso la fiscal, para tal efecto establecer un amplio cat\u00e1logo de beneficios y crear un registro nacional donde conste la identidad de las personas que han obtenido beneficios por colaboraci\u00f3n.<\/p>\n
7. El s\u00e9ptimo tema que se trat\u00f3 al interior de la comisi\u00f3n, es el de la prueba de referencia, que requiere un cambio normativo por los problemas pr\u00e1cticos presentados con la reglamentaci\u00f3n. Surge la necesidad de flexibilizar la exclusi\u00f3n de la prueba de referencia en aras de evitar que queden impunes conductas delictivas, de las cuales se establece su ocurrencia y los part\u00edcipes, pero por la imposibilidad de contar con los testigos en el juicio, se tiene que emitir sentencias absolutorias. Se proyecta entonces, conservar la regulaci\u00f3n general en esta tema, pero incluir una cl\u00e1usula residual que viabilice la admisi\u00f3n excepcional de la prueba, con la condici\u00f3n de que la parte que la postule, demuestre que se encuentra en imposibilidad de presentar una mejor prueba en juicio; as\u00ed ser\u00eda el juez quien determine la pertinencia de la misma.<\/p>\n
8. El tema de la prueba de refutaci\u00f3n tambi\u00e9n fue estudiado, ya que la ley procesal enuncia la prueba de refutaci\u00f3n en el Art\u00edculo 362, sin embargo se omiti\u00f3 indicar c\u00f3mo se postula o de admite dicha prueba. Sobre el cual la comisi\u00f3n propone que se incluya una reglamentaci\u00f3n de la prueba, y se\u00f1ala que se modifica el descubrimiento probatorio, en el sentido de establecer que la defensa tiene que cumplir con el deber 10 d\u00edas antes de la audiencia para que la Fiscal\u00eda tenga como preparar la prueba de refutaci\u00f3n.<\/p>\n
9. En noveno lugar se trat\u00f3 el tema de presentaci\u00f3n de documentos en juicio, por la dificultad de incorporar pruebas en el mismo, generando dilaciones, p\u00e9rdida de tiempo y desgaste. La reforma propone una norma que autorice la inclusi\u00f3n de estas pruebas a trav\u00e9s de su exhibici\u00f3n en esquemas o res\u00famenes, si se trata de documentos voluminosos, o si es de documentos complejos, deben introducirse por medio de un experto para que explique.<\/p>\n
10. Descubrimiento probatorio, al respecto se proyecta que este se exija a la defensa diez d\u00edas antes de la audiencia preparatoria y que se haga de manera informal por fuera de audiencia, acabando con el desgaste de dicha diligencia. Asimismo, se plantea que la Fiscal\u00eda tiene la obligaci\u00f3n de poner en conocimiento todos los elementos materiales probatorios y no solamente los que vaya a llevar a juicio, para que la defensa tenga pleno conocimiento. Para ello, la Fiscal\u00eda indicar\u00eda de forma expl\u00edcita en el escrito de acusaci\u00f3n cu\u00e1les de esa totalidad de los medios de conocimiento que encontr\u00f3 en la etapa de indagaci\u00f3n, son los que llevar\u00e1 a juicio.<\/p>\n
11. El d\u00e9cimo primer tema es el de los recursos de casaci\u00f3n. Al abordar este eje se pretende eliminar la doble fundamentaci\u00f3n tanto escrita como oral, restablecer el principio de desconcentraci\u00f3n del tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, es decir que la demanda se debe interponer ante el tribunal que emiti\u00f3 el fallo correspondiente y all\u00ed mismo se debe proceder a la sustentaci\u00f3n, omitiendo la argumentaci\u00f3n oral. Tambi\u00e9n se proyecta eliminar el traslado que se hace del recurso al Ministerio P\u00fablico, la calificaci\u00f3n de la demanda y el recurso de insistencia.<\/p>\n
12. La congruencia. Tema del que se determin\u00f3 que omitieron establecer un momento en que la Fiscal\u00eda tuviera la oportunidad de variar la adecuaci\u00f3n jur\u00eddica provisional que se plasma en el escrito de acusaci\u00f3n. La propuesta aborda el establecimiento de un tr\u00e1mite al interior del juicio oral, en el cual se ofrezca al representante del ente acusador la oportunidad de variar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional que plasma en la acusaci\u00f3n, brindando a la defensa la oportunidad de solicitar prueba \u00fanicamente para debatir esa nueva calificaci\u00f3n.<\/p>\n
13. En cuanto al tema de reparaci\u00f3n integral, cuando se fundamente exclusivamente en una pretensi\u00f3n econ\u00f3mica, esta ser\u00eda abordada por la jurisdicci\u00f3n civil, es decir, por fuera del proceso penal.<\/p>\n
14. Finalmente, en el tema de la Justicia restaurativa se quiere potenciar un modelo alternativo para resolver conflictos con el que se pretende descongestionar la justicia, brindar mayor protecci\u00f3n a las v\u00edctimas\u00a0 y articular el proceso penal con el proceso de paz; definiendo mecanismos y reglas que constituyen esta justicia restaurativa.<\/p>\n
Con estas propuestas se pretende tener un producto final que sirva al pa\u00eds.<\/p>\n
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Intervenci\u00f3n de \u00a0Mar\u00eda Victoria Parra, Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia\u00a0<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20131204e.mp3|titles=Declaraciones]\n