Las personas que cometen delitos ambientales no solamente incurren en responsabilidad penal, sino que deben resarcir los da\u00f1os que su conducta ha generado a la comunidad. Igualmente, las autoridades que no act\u00faan a pesar de que est\u00e1n obligadas a hacerlo para evitar los da\u00f1os ambientales tambi\u00e9n incurrir\u00edan en responsabilidad penal.<\/p>\n
La afirmaci\u00f3n la hizo el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett, durante la ponencia que present\u00f3 en el foro Reflexi\u00f3n sobre valoraciones de costos ambientales (Conflictos y competencias), que se realiz\u00f3 en El Carmen de Viboral (Antioquia) este dos de diciembre.<\/p>\n
El Fiscal General explic\u00f3 que, seg\u00fan el moderno derecho penal, cuando hay delito se tiene en cuenta no solamente la relaci\u00f3n de causalidad entre hecho y consecuencia o \u00e1mbito de causalidad sino que debe analizarse el llamado \u00e1mbito de responsabilidad.<\/p>\n
Es decir, en primer t\u00e9rmino hay que mirar si el individuo ha creado lo que se denomina como un riesgo jur\u00eddicamente desaprobado y si existe entre el accionar del sujeto y la conducta referida una relaci\u00f3n de riesgo.<\/p>\n
En el caso espec\u00edfico de los derechos ambientales, se define tambi\u00e9n qu\u00e9 persona o entidad est\u00e1 obligada a evitar o prevenir una conducta, sea la autoridad o la persona que realiza la conducta. Es ah\u00ed cuando nos referimos a la teor\u00eda del deber de garante, que trasciende la esfera de la culpa y empieza a abarcar el dolo.<\/p>\n
Cuando la sociedad autoriza la generaci\u00f3n de un riesgo a uno de sus miembros (f\u00e1bricas, barcazas de carb\u00f3n o petr\u00f3leo, conducci\u00f3n de veh\u00edculos, explotaci\u00f3n minera etc), surge para esa persona \u00a0una obligaci\u00f3n de evitar o morigerar la consecuencia de este acto. Tambi\u00e9n ocurre lo mismo cuando no hay autorizaci\u00f3n gubernamental\u00a0 para actuar.<\/p>\n
En caso de no poder evitar estos peligros, aparecen los deberes de salvamento que buscan revocar el riesgo cuando fracasan las medidas de seguridad, como en el caso de la barcaza de carb\u00f3n o petr\u00f3leo que genera un derrame o la situaci\u00f3n de Chernobyl. \u201cEl deber de salvamento es el deber de revocar el riesgo\u201d, explic\u00f3 Montealegre.<\/p>\n
El otro caso es el de las entidades encargadas de controlar la producci\u00f3n de estos riesgos. Se le podr\u00eda imputar el hecho delictivo no solo al tercero que crea el da\u00f1o sino a quienes ten\u00edan la competencia institucional de evitar la realizaci\u00f3n de este delito y no actuaron. \u201cNo basta la causalidad sino entender si el hecho est\u00e1 en el \u00e1mbito de competencia o en el \u00e1mbito de responsabilidad\u201d, dijo Montealegre.<\/p>\n
El Fiscal tambi\u00e9n aclar\u00f3 que, por lo menos en derecho penal, no es imputable una conducta cuando afecta un riesgo permitido, es decir, cuando la persona (natural o jur\u00eddica) observa todos los reglamentos que dice la ley, si ha observado la norma t\u00e9cnica de producci\u00f3n y cuando ha tenido en cuenta la lex abilis <\/em>o las leyes de las normas de un arte o profesi\u00f3n.<\/p>\n\n