El Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett, defendi\u00f3 la posici\u00f3n del Estado colombiano de realizar condenas a los m\u00e1ximos responsables de los delitos involucrados en el proceso de paz que se adelanta y posteriormente suspender las penas.<\/p>\n
La posici\u00f3n del jefe del ente acusador se present\u00f3 durante un evento organizado por la Corporaci\u00f3n Vivamos Humanos, en Bogot\u00e1, en la que refut\u00f3 la posici\u00f3n de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en una carta en la que no admite la justicia transicional y asegura que en caso de no ejecutarse penas efectivas contra los m\u00e1ximos responsables de delitos de lesa humanidad y otros, se estar\u00eda en contrav\u00eda de los postulados de la Corte Penal Internacional.<\/p>\n
Montealegre rechaz\u00f3 la posici\u00f3n de la Fiscal y explic\u00f3 que en su criterio se trata de una posici\u00f3n exeg\u00e9tica (apegada textualmente a la norma) y no revisa los \u00faltimos planteamientos presentados por el derecho internacional, en el que se ha acogido de manera clara la justicia transicional.<\/p>\n
Actualmente, explic\u00f3 el funcionario judicial, existen dos posturas para acoger en el derecho penal internacional. La primera se refiere a la justicia retributiva, que pretende promover Bensouda, en la que se considera que el condenado debe pagar necesariamente una sentencia de c\u00e1rcel. En segundo t\u00e9rmino, aparece como novedoso paradigma la justicia transicional, en la que se considera que el Estado puede juzgar y condenar a los m\u00e1ximos cabecillas, pero al mismo tiempo puede imponer una pena sustitutiva, por ejemplo.<\/p>\n
En Colombia, a\u00f1adi\u00f3 el Fiscal Montealegre, el di\u00e1logo de paz debe ser adelantado de acuerdo con esta \u00faltima tesis. No se puede pensar en un concepto de soberan\u00eda de acuerdo con las posiciones del siglo XIX sino aprovechar la gran evoluci\u00f3n del derecho para el siglo XXI.<\/p>\n
Adem\u00e1s, expres\u00f3 que respalda plenamente\u00a0 la posibilidad de realizar una consulta popular o un referendo para que el pueblo confirme los acuerdo de paz que se logren.<\/p>\n\n