La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a prop\u00f3sito del reciente informe de Human Rights Watch, aclara:<\/p>\n
Unidad para la Justicia y la Paz<\/strong><\/p>\n En cumplimiento\u00a0 de la directiva 001 del 4 de octubre de 2012 y la ley 1592 del 3 de diciembre del mismo a\u00f1o, en las cuales se implementan criterios de priorizaci\u00f3n; esta Unidad puso en marcha su Plan de Acci\u00f3n 2013 para adelantar los casos donde se evidencie la comisi\u00f3n de hechos que constituyan infracciones graves al DIH, a los DDHH y cr\u00edmenes de Lesa Humanidad, enfocando la atenci\u00f3n en los m\u00e1ximos responsables y revelando los contextos derivados de los patrones de macro-criminalidad y de victimizaci\u00f3n masiva por parte de los Grupos Organizados al margen de la Ley.<\/p>\n En el marco de este plan se priorizaron las investigaciones contra 16 miembros, m\u00e1ximos responsables de las principales estructuras armadas ilegales, con\u00a0 242 comandantes.\u00a0 Los procesos se adelantan por los delitos de desaparici\u00f3n forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento il\u00edcito, violencia basada en g\u00e9nero y otros hechos representativos por la conmoci\u00f3n que ocasionaron en las regiones o por la calidad de la v\u00edctima.<\/p>\n En lo que va corrido del a\u00f1o se radicaron las respetivas solicitudes de audiencia de imputaci\u00f3n, que abarcan una totalidad de\u00a0 10.373 hechos\u00a0 y\u00a0 42.620\u00a0 v\u00edctimas.<\/p>\n Frente al delito del\u00a0 de desplazamiento forzado, seg\u00fan\u00a0 lo estipula la Ley 1592 y la directiva 001 de 2012, se solicit\u00f3 la imputaci\u00f3n de\u00a0 3.381 hechos con 30.075 v\u00edctimas, conforme al patr\u00f3n de macro-criminalidad. Actualmente, se llevan a cabo\u00a0 las\u00a0 audiencias de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento ante la Magistratura de Garant\u00edas de los Tribunales de Justicia y Paz de Bogot\u00e1, Medell\u00edn y Barraquilla. Igualmente se present\u00f3 paralelo al desplazamiento forzado un patr\u00f3n de despojos y abandonos forzados de bienes inmuebles.<\/p>\n De otra parte mediante resoluci\u00f3n No. 1194 del 3 de mayo de 2011 el Fiscal General de la Naci\u00f3n conform\u00f3 al interior de la Unidad, la Subunidad Elite de Persecuci\u00f3n de Bienes para la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas con el objeto de contar con personal especializado en la investigaci\u00f3n patrimonial, detecci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los bienes que por ley deben destinarse a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas del conflicto armado, y que adem\u00e1s sirviera de enlace entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y las dem\u00e1s entidades gubernamentales comprometidas con la restituci\u00f3n de los derechos de los que fueron despojadas las v\u00edctimas a causa de las acciones de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley desmovilizados, o que les fueron arrebatados oblig\u00e1ndolas a negociar sus propiedades bajo el imperio de la violencia.<\/p>\n En virtud de lo anterior, la Subunidad de Bienes de Justicia y Paz,\u00a0 fue la primera entidad estatal que document\u00f3 en el marco de la jurisdicci\u00f3n transicional 348 casos de despojos de tierras,\u00a0 ocurridos en los departamentos de Antioquia, Magdalena y\u00a0 Norte de Santander, perpetrados por miembros pertenecientes a los extintos Bloques de las autodefensas como fueron: Elmer C\u00e1rdenas, Bananero, Catatumbo, Resistencia Tayrona y\u00a0 Bloque Norte, de los casos documentados se beneficiaron 360 v\u00edctimas.<\/p>\n Como resultado de la documentaci\u00f3n de denuncias de v\u00edctimas despojadas, la Subunidad de Bienes radic\u00f3 ante la magistratura de Justicia y Paz de las Salas de Medell\u00edn y Barranquilla, solicitudes de restituci\u00f3n sobre 149 bienes rurales,\u00a0 obteniendo en el marco de la jurisdicci\u00f3n transicional fallos de restituci\u00f3n\u00a0 sobre 22 bienes y la cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos obtenidos en forma fraudulenta, en cumplimiento de los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Autos Radicado 34415 de fecha 30 de marzo de 2011 y Radicado 35185 de fecha 8 de junio de 2011.<\/p>\n De igual forma,\u00a0 se puede anotar que previo a la creaci\u00f3n de la Subunidad de Bienes, la Unidad de Justicia y Paz adelant\u00f3 la restituci\u00f3n directa de\u00a0 110 predios ubicados en los departamentos de C\u00f3rdoba y Norte de Santander, relacionados con despojos perpetrados por el extinto\u00a0 Bloque Catatumbo\u00a0\u00a0 y Resistencia Tayrona de las AUC, calculando\u00a0 que\u00a0 aproximadamente\u00a0 la poblaci\u00f3n alcanza las 400 v\u00edctimas del delito de desplazamiento forzado.<\/p>\n Por otra parte, dada la entrada en vigencia de la ley 1592 de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras es la encargada de asumir la competencia de estos tr\u00e1mites de restituci\u00f3n y no la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Por ello la entidad lleg\u00f3 a un acuerdo desde comienzos de este a\u00f1o con la Unidad de Restituci\u00f3n, para efectuar una labor de registro en su sistema de informaci\u00f3n, de alrededor de 1880 carpetas relacionadas con restituciones de bienes obrantes en la Subunidad Elite de Persecuci\u00f3n de Bienes, con el objeto de enviar posteriormente la documentaci\u00f3n en f\u00edsico a fin de que se cumpla el tr\u00e1mite establecido en la ley 1448 de 2011.<\/p>\n Actualmente, la Subunidad de Bienes adelanta siete tr\u00e1mites excepcionales de restituci\u00f3n, conforme a lo consagrado en el art\u00edculo 38 de la ley 1592 de 2012: casos de Chivolo (37 predios), San Carlos y la Paz (2 predios), Mendihuaca (2 predios), La Sevillana, Puerto Colombia, Guacamayas (12 predios) y Tulapas (5 predios).<\/p>\n Sobre este punto es importante resaltar que debido al despojo jur\u00eddico que se present\u00f3 en el municipio de Chivolo, dentro de la justicia ordinaria ya se han proferido tres sentencias condenatorias contra funcionarios del entonces INCORA seccional Magdalena, entre ellos el Director Regional de la \u00e9poca.<\/p>\n Unidad contra Bandas Emergentes<\/strong><\/p>\n La Fiscal\u00eda no resta seriedad al tema de amenazas contra personas que participan en la reclamaci\u00f3n de tierras.\u00a0 La Unidad Nacional contra Bandas Emergentes (Bacrim) destac\u00f3 tres fiscales y un grupo de trabajo de CTI – Bacrim, con dedicaci\u00f3n exclusiva al tema de amenazas y reclamaci\u00f3n de tierras.<\/p>\n En este tema el ente acusador ha tenido la mayor diligencia para el esclarecimiento de hechos relacionados; las investigaciones implican interconsulta con la Unidad Nacional de Restituci\u00f3n de Tierras, en aras de establecer un consolidado de v\u00edctimas, con quienes se han entablado conversaciones tendientes a identificar las reclamaciones, reclamantes y en especial, identificar a los presuntos responsables en impedir los objetivos de la Ley de Restituci\u00f3n de Tierras.<\/p>\n La Unidad, inclusive, ha detectado eventos en los que no son organizaciones criminales las que est\u00e1n tras este tipo de amenazas: algunas veces el problema se da entre familias y n\u00facleos de colindantes, que evocan organizaciones para infundir mayor eficacia al evento amenazante: vg.\u00a0 rad. n\u00fam. 2300160010152012052012 (el 15 de julio de 2012, se present\u00f3 el homicidio del l\u00edder de reclamaci\u00f3n de tierras, Jairo Mej\u00eda Mart\u00ednez, y el desplazamiento de su n\u00facleo familiar. El hecho ocurri\u00f3 en el departamento de C\u00f3rdoba, municipio de Tierralta, finca Montecarmelo; del que la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que los responsables fueron personas ajenas a bacrim, y a GOAML. Por este caso hay siete acusados).<\/p>\n La Fiscal\u00eda viene atendiendo acercamientos con reclamantes (denunciantes), y las denuncias formuladas vienen siendo tramitadas con la mayor voluntad institucional;\u00a0 inclusive se han abierto investigaciones de oficio para esclarecer tales eventos.<\/p>\n Resultados de la Unidad contra miembros de las Bacrim<\/strong><\/p>\n En el periodo comprendido entre el a\u00f1o 2011 y 31 de Agosto de 2013, la Unidad obtuvo de los jueces de control de garant\u00edas 5.621 \u00f3rdenes de captura, de las cuales 4.491 fueron efectivas; se realizaron las respectivas audiencias concentradas de legalizaci\u00f3n de capturas, imputaci\u00f3n y solicitud de medida de aseguramiento, en donde a 3.933 se les impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramuros, se allanaron a cargos 872 imputados, se realizaron 1.052 preacuerdos y finalmente de los capturados ya se logr\u00f3 la condena de 1.312 y tan solo se han proferido a 27 de ellos sentencia absolutoria, las cuales ha sido apeladas por los fiscales.<\/p>\n Unidad de Desplazamiento Forzado<\/strong><\/p>\n Evitar la impunidad judicializando a los responsables de los delitos de desplazamiento forzado y desaparici\u00f3n forzada; as\u00ed como los delitos conexos a \u00e9stos es un prioridad para Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la obtenci\u00f3n de resultados contundentes obedece a la cabal atenci\u00f3n de los lineamientos del modelo investigativo adoptado por la entidad que implica la contextualizaci\u00f3n de los hechos, las asociaciones de casos, el an\u00e1lisis delictual en sus distintas manifestaciones; aspectos que permiten develar en su real dimensi\u00f3n las situaciones de violencia en determinadas zonas y generar respuestas de verdad,\u00a0 justicia y reparaci\u00f3n coherentes con esa realidad.<\/p>\n Partiendo de esta premisa la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas contra los Delitos de Desaparici\u00f3n y Desplazamiento Forzados (UNCDES), trabaja articuladamente con la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras en el entendido que los avances y resultados que se obtengan frente a la persecuci\u00f3n del crimen redundan e impactan positivamente las estrategias del Gobierno nacional incluso para la garant\u00eda de retornos no azarosos.<\/p>\n Debe advertirse que esta Unidad fue creada mediante resoluci\u00f3n 2596 de noviembre de 2010 y a sus escasos dos a\u00f1os y medio de existencia, cuenta a la fecha con una carga laboral de 29.769 procesos por los delitos de desaparici\u00f3n y desplazamiento forzados; ha obtenido 171 sentencias condenatorias, ha impuesto 448 medidas de aseguramiento por los respectivos punibles. Adem\u00e1s, frente al delito de desaparici\u00f3n forzada, por labores investigativas, ha encontrado 567 personas con vida y 108 sin vida, reportadas como v\u00edctimas de tan oprobioso crimen.<\/p>\n Respecto al delito de desplazamiento forzado, se advierten resultados contundentes en investigaciones que coinciden con las focalizaciones de los procesos de restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n Los desplazamientos forzados y dem\u00e1s conductas punibles de las que fueron v\u00edctimas las comunidades afrocolombianas, localizadas en las cuencas de Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3, departamento del Choc\u00f3, hechos investigados a partir de una asociaci\u00f3n de casos y situaciones de violencia ventilados en m\u00e1s de doscientos cuarenta radicados que han sido asumidos por la Unidad en procura a develar la situaci\u00f3n de la zona, obteniendo los siguientes resultados:<\/p>\n En el desplazamiento atribuible a grupos paramilitares hay 70 personas vinculadas, (empresarios, palmeros, ganaderos, y funcionarios p\u00fablicos), estando pendiente la vinculaci\u00f3n de 16 m\u00e1s, entre ellas seis militares; 28 personas acusadas, ocho de ellas acogidas a sentencia anticipada y cuatro condenadas evacuado el respectivo juicio.<\/p>\n Igualmente, en el desplazamiento forzado atribuible a la guerrilla hay 53 personas vinculadas, 15 condenadas, y 28 personas a las que el pasado 28 de junio del a\u00f1o en curso se les impuso medida de aseguramiento.<\/p>\n Esta misma labor se ha venido realizando en el caso de los desplazamientos en el corregimiento de Macayepo en el departamento de Bol\u00edvar, tras una incursi\u00f3n guerrillera ocurrida el 1 de agosto del 2000. La investigaci\u00f3n correspondiente ha permitido la vinculaci\u00f3n de dos individuos, un exconcejal del municipio de Carmen de Bol\u00edvar (Bol\u00edvar) y\u00a0 de Edison Rafael Narv\u00e1ez Sierra, alias Franco, comandante extorsivo de cuadrilla del frente 35 de las Farc y se proyecta la vinculaci\u00f3n de 22 personas m\u00e1s que se encuentran en proceso de identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n.<\/p>\n En cuanto a los desplazamientos ocurridos en las zonas aleda\u00f1as a Chengue, en el municipio de Ovejas (Sucre), a principios del a\u00f1o 2001, con m\u00e1s de 220 n\u00facleos familiares como v\u00edctimas, se logr\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los presuntos responsables y la imposici\u00f3n de medidas de aseguramiento a 22 personas.<\/p>\n Por otro lado, se ha avanzado positivamente la investigaci\u00f3n sobre los\u00a0 hechos ocurridos entre el a\u00f1o 2003 y 2005 cuando el exjefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, comandante del bloque Montes de Mar\u00eda desplaz\u00f3 a los habitantes del corregimiento de el Rinc\u00f3n del Mar, en San Onofre, investigaci\u00f3n en la que se encuentran vinculados y con medida de aseguramiento\u00a0 Mar\u00eda Elena Mercado y Roger Rosado, hermana y cu\u00f1ado de alias Cadena, respectivamente.<\/p>\n Cabe destacar el resultado obtenido en la investigaci\u00f3n por el desplazamiento forzado de la comunidad ind\u00edgena Chigorod\u00f3 Memb\u00e1, en el Choc\u00f3 perpetrado por bandas criminales de la zona, en la que ya se obtuvo la condena de Pablo Emilio Posso Espinosa, alias Atila, y se captur\u00f3 recientemente a Donaldo Rivera, alias Comandante P\u00e9rez, quien ya acept\u00f3 su responsabilidad en el hecho.<\/p>\n Otro ejemplo de la articulaci\u00f3n con la Unidad de Tierras lo refleja el avance en la investigaci\u00f3n por los desplazamientos forzados acaecidos en Chivolo Magdalena, en la que a partir de la asociaci\u00f3n de 175 radicados se logr\u00f3 la captura e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de Augusto Francisco Castro Pacheco, alias Tuto Castro, considerado por el Gobierno nacional como uno de los mayores obst\u00e1culos al proceso de restituci\u00f3n de tierras, por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, teni\u00e9ndose prevista la vinculaci\u00f3n de los otros responsables.<\/p>\n Adicionalmente la Unidad ha generado una importante asociaci\u00f3n de casos en los que se vislumbra la responsabilidad de la Fundaci\u00f3n para la Paz de C\u00f3rdoba (Funpazcor) en graves violaciones a los derechos humanos y al DIH,\u00a0 de manera que el 17 de mayo de 2013, se orden\u00f3 la conexidad de 54 procesos. A la fecha se han recibido m\u00e1s de 100 testimonios, se han identificado m\u00e1s de 500 v\u00edctimas y la vinculaci\u00f3n y orden de captura de tres personas que impactan el proceso de restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n Finalmente la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n advierte que cualquier informaci\u00f3n descontextualizada que sea difundida no corresponde a la verdad y no es justo con el trabajo de todos los funcionarios de la entidad.<\/p>\n\n