Por cargos de peculado por apropiaci\u00f3n, falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y prevaricato por acci\u00f3n, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n imputar\u00e1 cargos y solicitar\u00e1 medida de aseguramiento en contra de 5 funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder de Medell\u00edn, dos contratistas y un particular.<\/p>\n
La diligencia judicial, que qued\u00f3 programada para el 10 de julio ante un juez de control de garant\u00edas de la capital antioque\u00f1a, tiene que ver con las posibles irregularidades detectadas en el procedimiento de titulaci\u00f3n de bald\u00edos y el presunto favorecimiento de particulares que no reun\u00edan los requisitos, tramitados por la territorial de Antioquia en el departamento, entre 2007 y 2011.<\/p>\n
Durante la audiencia el fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n formular\u00e1 imputaciones a los funcionarios Andr\u00e9s Felipe \u00c1lvarez Grajales, director territorial del Incoder Medell\u00edn; Gerardo de Jes\u00fas Gil Ochoa, director territorial Incoder Medell\u00edn; V\u00edctor Manuel Anaya Zabaleta, Francisco Horacio Ceballos Torres y Elkin Emilio Tabares; as\u00ed como a los contratistas Mar\u00eda Isabel Fern\u00e1ndez Rodas y Alejandro Andr\u00e9s\u00a0 Londo\u00f1o Usuga y la ciudadana Blanca Libia Mart\u00ednez.<\/p>\n
La denuncia\u00a0 presentada por parte de la Subgerente de Tierras Rurales del Incoder puso de manifiesto irregularidades en la adjudicaci\u00f3n de 1.500 predios bald\u00edos en la territorial de Antioquia, tales como titulaci\u00f3n ilegal de tierras de la Naci\u00f3n a favor de personas que ostentan m\u00faltiples propiedades, o que teniendo capitales millonarios se hicieron pasar como campesinos; adem\u00e1s de titulaci\u00f3n ilegal de extensiones de tierra que sobre pasan los l\u00edmites m\u00e1ximos permitidos por la ley.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda detect\u00f3 por ejemplo que varios particulares declararon falsamente bajo la gravedad de juramento, indicando que su patrimonio no superaba los 20 millones de pesos, que no estaban obligados a declarar renta y patrimonio, que su calidad era de campesinos y que pose\u00edan los bienes bald\u00edos como m\u00ednimo 5 a\u00f1os anteriores a la solicitud tal y como lo exige la ley, sin embargo la investigaci\u00f3n encontr\u00f3 que los adjudicatarios son personas con un capital superior a los 4 mil millones de pesos, que est\u00e1n obligados a declarar renta, y que su posesi\u00f3n no asciende a 3 a\u00f1os de ocupaci\u00f3n y explotaci\u00f3n.<\/p>\n
Igualmente la investigaci\u00f3n puso de manifiesto que se hicieron levantamientos topogr\u00e1ficos que no corresponden con la realidad, por cuanto el \u00e1rea solicitada en la adjudicaci\u00f3n es mayor de la que presuntamente tiene el bien bald\u00edo; se entregaron entre los bald\u00edos v\u00edas carreteables del municipio de San Juan de Urab\u00e1 y que tampoco se realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n ocular a los terrenos objeto de titulaci\u00f3n.<\/p>\n\n