Un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profiri\u00f3 medida de aseguramiento en contra de seis miembros del Ej\u00e9rcito y dos postulados de Justicia y Paz, por el homicidio de los ind\u00edgenas kankuamos\u00a0 Uriel Evangelista Arias Mart\u00ednez y Carlos Arturo C\u00e1ceres, quienes fueron presentados como miembros de las Farc muertos en combate.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n el 16 de julio de 2003 integrantes de la contraguerilla \u201cTrueno\u201d y \u201cZarpazo\u201d, pertenecientes al Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No.2, La Popa, arribaron al corregimiento de Guatapur\u00ed, en zona rural de Valledupar, retuvieron y dieron muerte a los ind\u00edgenas kankuamos Arias y C\u00e1ceres, previo se\u00f1alamiento que les hicieran integrantes de las AUC, que acompa\u00f1aban a los efectivos militares.<\/p>\n
Las v\u00edctimas fueron reportadas, posteriormente, por el comandante del Batall\u00f3n la Popa,\u00a0 teniente coronel Publio Hernan Mej\u00eda Guti\u00e9rrez, como miembros de una facci\u00f3n guerrillera perteneciente a las FARC, que se enfrentaron a las tropas en desarrollo de la operaci\u00f3n denominada como JUDAS, quienes ten\u00edan el siguiente arsenal: un fusil M1, una pistola calibre 9 mm, un rev\u00f3lver calibre 38, dos granadas de fragmentaci\u00f3n y un radio de comunicaciones de banda de dos metros.<\/p>\n
Por estos hechos el fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n profiri\u00f3 medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, como coautores responsables de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y fabricaci\u00f3n tr\u00e1fico y porte de armas de fuego de defensa personal y de municiones de uso privativo de las fuerzas militares en contra de Publio Hern\u00e1n Mej\u00eda Guti\u00e9rrez, quien para la \u00e9poca de los hechos se desempe\u00f1aba como Teniente Coronel y que en la actualidad se encuentra privado de libertad a disposici\u00f3n del Juzgado 6 Penal del Circuito de Bogot\u00e1.<\/p>\n
La decisi\u00f3n tambi\u00e9n cobija a Carlos Andr\u00e9s Lora Cabrales, quien para la \u00e9poca de los hechos se desempa\u00f1aba como Teniente y en la actualidad se encuentra purgando una pena de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n impuesta por el Juzgado \u00danico del Circuito Especializado de Valledupar. Efra\u00edn Andrade Perea, Sargento viceprimero\u00a0en ese entonces\u00a0y actualmente privado de libertad, sindicado del delito de concierto para delinquir agravado; Luis Francisco Arag\u00f3n Buelvas, quien\u00a0se desempe\u00f1a en el grado de cabo primero del Ej\u00e9rcito Nacional, el soldado profesional Wilson Blanco P\u00e9rez; as\u00ed como Jairo Antonio Rodr\u00edguez Castro, actualmente t\u00e9cnico de helic\u00f3ptero en el batall\u00f3n de mantenimiento del Ej\u00e9rcito Nacional.<\/p>\n
La medida de aseguramiento tambi\u00e9n afect\u00f3 a Leonardo Enrique S\u00e1nchez Barbosa, actualmente privado de libertad, purgando una pena por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida y Geiber Jos\u00e9 Fuentes Monta\u00f1o,\u00a0 condenado a una penas de 40 a\u00f1os por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.<\/p>\n
Abstenerse de imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados por el delito de concierto para delinquir, toda vez que aun que se ha indicado que los hechos se cometieron dentro del contexto de un acuerdo criminal entre integrantes del Batall\u00f3n la Popa y las AUC, sin embargo, tal comportamiento ya fue investigado.<\/p>\n\n