En desarrollo del foro Dilemas Jur\u00eddicos para la Paz, en la Universidad Externado de Colombia, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett defendi\u00f3 su posici\u00f3n frente al tema de justicia transicional que se incluy\u00f3 en la reforma constitucional del Marco Jur\u00eddico para la Paz.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el dilema propuesto en dicho marco legal para que el Congreso defina son dos modelos de justicia transicional, uno maximalista fundamentado en la priorizaci\u00f3n de casos donde se investigan todos los casos, autores y delitos cometidos; y un segundo modelo que se podr\u00eda denominar minimalista, centrado en criterios de selectividad, en el que la investigaci\u00f3n penal debe estar enfocada en la persecuci\u00f3n de los m\u00e1ximos responsables. Esta segunda opci\u00f3n es la que el jefe del ente acusador considera aplicable.<\/p>\n
El Fiscal Montelagre tambi\u00e9n destac\u00f3 que esta reforma rompe el esquema fundamental de la constituci\u00f3n y que los mismos tribunales internacionales han considerado que los derechos humanos y fundamentales no son absolutos y pueden ser flexibilizados. El discurso internacional de los derechos humanos, a trav\u00e9s del mecanismo de la ponderaci\u00f3n, es el que ha permitido la flexibilizaci\u00f3n de las garant\u00edas tradicionales del derecho penal.<\/p>\n
\u201cUn discurso de derechos absolutos en materia de derechos humanos que no adopte la relativizaci\u00f3n est\u00e1 en contra de la tendencia precisamente de tribunales penales internacionales y tribunales constitucionales que aceptan la ponderaci\u00f3n y la relativizaci\u00f3n como forma de resolver conflictos. Por eso hay que entender ese deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos como un derecho ponderable que cuando entra en colisi\u00f3n con los derechos fundamentales como el derecho a la paz, en estos casos, ese derecho puede ser relativizado en aras de lograr la paz\u201d, puntualiz\u00f3 el Fiscal General.<\/p>\n
Frente a este tema, el Procurador General de la Naci\u00f3n, Alejandro Ord\u00f3\u00f1ez, indic\u00f3 que debe declararse inexequible la propuesta por ser inconstitucional, al considerar que es un camino para la impunidad y que no respeta los derechos de las v\u00edctimas, ni las garant\u00edas de verdad, justicia y reparaci\u00f3n, porque habr\u00e1 amnist\u00eda e indulto para aquellos actores del conflicto que no sean seleccionados como autores de delitos sistem\u00e1ticos y se beneficiaran\u00a0 de la renuncia condicionada de la investigaci\u00f3n penal.<\/p>\n
Seg\u00fan el Procurador Ordo\u00f1ez, el Marco Jur\u00eddico para La Paz no responde a los estatutos internacionales, ya que estos se\u00f1alan que los cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad, como la desaparici\u00f3n forzada y el terrorismo, deben ser sometidos a la acci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n
Por su parte el Presidente del Senado de la Rep\u00fablica, Roy Barreras, respald\u00f3 la postura del Fiscal General\u00a0 y dijo que la ley estatutaria, en el marco de un acuerdo de paz, propone un tratamiento diferenciador, definir\u00e1 condiciones y sanciones para los actores del conflicto armado incluidos los agentes del Estado, como las Fuerzas Militares; pero resalt\u00f3 que no es aplicable para los casos de\u00a0 los denominados falsos positivos. Tambi\u00e9n aclar\u00f3 que en todos los casos habr\u00e1 investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n, m\u00e1s no amnist\u00edas, indultos y mucho menos perd\u00f3n y olvido.<\/p>\n
Igualmente, durante su intervenci\u00f3n en el foro, la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Clara Elena Reales manifest\u00f3 que desde el punto de vista de la Corte, \u201cesta ha utilizado una metodolog\u00eda, que m\u00e1s que las sentencias para calificar o descalificar una medida particular, es una medida donde se sopesa el contexto, se sopesa el sistema dentro del cual se inserta una medida espec\u00edfica, incluso una medida que pudiera parecer laxa para juzgar cr\u00edmenes de lesa humanidad, para acudir a medidas de selecci\u00f3n, o juzgamiento particular, o priorizado de ciertos individuos, no son necesariamente inconstitucionales si eso sucede; siempre y cuando se garantice el menor sacrificio a la verdad, a la justicia y la reparaci\u00f3n y la garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n