El material probatorio y las evidencias presentadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, permitieron la judicializaci\u00f3n de nueve personas que habr\u00edan participado en el hurto de cinco contenedores en Buenaventura (Valle del Cauca)<\/p>\n
Entre los procesados se encuentran trabajadores de una agencia aduanera que habr\u00eda sido contratada por una empresa importadora que deb\u00eda de encargarse de la legalizaci\u00f3n del ingreso de la mercanc\u00eda ante la DIAN.<\/p>\n
Directivos de la empresa importadora instauraron una denuncia ante la Fiscal\u00eda en la que declararon que el 13 de julio de 2024, arrib\u00f3 un barco con seis contenedores que conten\u00edan m\u00e1s de 163 toneladas de alambre de cobre.<\/p>\n
El 15 de julio de 2024, el agente aduanero procedi\u00f3 a autorizar a la compa\u00f1\u00eda para que retirara los contenedores para su transporte y entrega final. Sin embargo cinco de estos habr\u00edan sido retirados, sin la autorizaci\u00f3n de la importadora, generando una p\u00e9rdida superior a los 5.000 millones de pesos.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, se evidenci\u00f3 que dos de los imputados, al parecer, avalaron el desbloqueo de los contenedores y subieron al sistema de la sociedad portuaria la informaci\u00f3n para que fueran entregados los pines de seguridad y poder retirarlos.<\/p>\n
Otra de las procesadas presuntamente tramit\u00f3 los permisos ante la Sociedad Portuaria, para que tractocamiones pudieran ingresaran al puerto.<\/p>\n
Posteriormente, tres conductores de camiones habr\u00edan ingresado y retirado cinco de contenedores y los trasladaron a una bodega de Tulu\u00e1 (Valle del Cauca), donde ser\u00edan recibidas las 163 toneladas de alambre de cobre, por otros de los presuntos responsables. La Polic\u00eda de Carreteras logr\u00f3 la recuperaci\u00f3n de una parte de la carga.<\/p>\n
Un fiscal Seccional les imput\u00f3 el delito de hurto calificado y agravado y por disposici\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/p>\n
Los afectados con la decisi\u00f3n judicial son: Leidy Johana Aislant Ibarra, Adriana Milena Garc\u00eda Mosquera, Dewin G\u00f3ngora S\u00e1nchez, John Jairo Mart\u00ednez Rojas, Jhon Fredy Molina Durango, Yeison Camilo Villada L\u00f3pez, Wilmer Alexander Bola\u00f1os Solarte, Jorge Enrique Cort\u00e9s Guti\u00e9rrez y Jhoan Sebasti\u00e1n Quintero Aguirre, quienes no aceptaron los cargos.<\/p>\n
JGPV\/AMCJ\/AICR\/DSV<\/p>\n
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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n\n