Un juez de control de garant\u00edas de Medell\u00edn, dentro de la investigaci\u00f3n por irregularidades en la titulaci\u00f3n de terrenos bald\u00edos en Antioquia, impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n domiciliaria contra cinco funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y un particular.<\/p>\n
Los funcionarios cobijados con la decisi\u00f3n judicial son Jos\u00e9 Miguel Osorio Ruiz, Marcela Orrego Valencia, Conrado Augusto Caro, Hilda Esther Contreras Lagares y Elkin Emilio Tabares y la ciudadana Doris Amparo Pe\u00f1a Restrepo a quienes la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n le imput\u00f3 cargos por Peculado, prevaricato y falsedad.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 por denuncia del propio Incoder y en ella se pusieron en conocimiento una serie de irregularidades en varios expedientes de titulaci\u00f3n de bald\u00edos, tramitados por la territorial de Antioquia durante los a\u00f1os 2007 a 2011; que involucraba a particulares solicitantes, funcionarios y contratistas del Incoder.<\/p>\n
La investigacion de la Unidad Anticorrupcion de la Fiscal\u00eda se centro en cuatro conductas recurrentes en la adjudicaci\u00f3n de 1.500 predios bald\u00edos en la territorial de Incoder de Antioquia, tales como: titulaci\u00f3n ilegal de tierras de la Naci\u00f3n a favor de personas que ostentan m\u00faltiples\u00a0 propiedades, titulaci\u00f3n ilegal de tierras de la Naci\u00f3n a favor de personas millonarias, titulaci\u00f3n ilegal de extensiones de tierra que sobre pasan los limites m\u00e1ximos permitidos por la ley 160 del 1994 y artificios enga\u00f1osos de particulares para obtener titulaci\u00f3n de bald\u00edos de forma ilegal.<\/p>\n
Durante la investigaci\u00f3n la Unidad Anticorrupci\u00f3n estableci\u00f3 que los particulares declararon falsamente bajo la gravedad de juramento que eran campesinos, que su patrimonio no superaba los 20 millones de pesos, que no estaban obligados a declarar renta y patrimonio, y que pose\u00edan los bienes bald\u00edos como m\u00ednimo 5 a\u00f1os anteriores a la solicitud tal y como lo exige la ley.<\/p>\n
Pero a lo largo de la investigaci\u00f3n se ha venido demostrando que los adjudicatarios son personas con un capital superior a los 4 mil millones de pesos, que est\u00e1n obligados a declarar renta, y que su posesi\u00f3n no asciende a 3 a\u00f1os de ocupaci\u00f3n y explotaci\u00f3n.<\/p>\n
Con base en las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda el juez de garant\u00edas de Medell\u00edn orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de las resoluciones de adjudicaci\u00f3n y dejo los predios bajo custodia del Incoder de manera provisional, mientras termina el proceso.<\/p>\n\n