Dos sentencias condenatorias le fueron notificadas a Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacr\u00e1n, en su lugar de reclusi\u00f3n, por 43 homicidios, 22 secuestros y un desaparecido en hechos ocurridos en Trujillo, Valle del Cauca, en marzo de 1990.<\/p>\n
En una primera sentencia el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga,\u00a0 Valle del Cauca, con base en una investigaci\u00f3n adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, adem\u00e1s de imponerle una pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, lo conden\u00f3 a indemnizar a cada una de las familias de los 42 muertos, los 22 secuestrados, un desaparecido y la tentativa de dos homicidios agravados; el equivalente de un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales en el momento del pago, por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios morales.<\/p>\n
Los hechos tienen origen el 29 de marzo de 1990, en la vereda Playa Alta del corregimiento La Sonora, jurisdicci\u00f3n del municipio de Trujillo, cuando se present\u00f3 una emboscada del autodenominado Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional, ELN, a una patrulla del Ej\u00e9rcito Nacional en que fallecieron siete uniformados y un presunto subversivo, hecho que dej\u00f3 varios heridos dentro de la poblaci\u00f3n civil.<\/p>\n
Como consecuencia de lo ocurrido y al parecer en retaliaci\u00f3n a la presunta colaboraci\u00f3n de ciudadanos de Trujillo con grupos subversivos, se conform\u00f3 un grupo paramilitar en su mayor\u00eda integrado por personas j\u00f3venes de la regi\u00f3n, quienes con la connivencia de algunos militares y polic\u00edas acantonados en la zona, iniciaron un periplo por la jurisdicci\u00f3n a partir del 30 de marzo de 1990 que trajo como consecuencia la muerte de 42 campesinos, le secuestro de otros 22 y un desaparecido.<\/p>\n
La segunda decisi\u00f3n, proveniente del mismo Juzgado y que se relaciona con los mismos hechos conden\u00f3 a Henry Loaiza Ceballos a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n, en calidad de coautor del delito de homicidio agravado y orden\u00f3 indemnizar a la se\u00f1ora FCO el equivalente a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales en el momento del pago, por concepto de perjuicios morales por el homicidio de uno de sus familiares. El juez orden\u00f3 el pago de igual cuant\u00eda a favor de quien acredite mejor derecho, respecto de los familiares de Ricardo Mej\u00eda y Jairo Ortiz, quienes perdieron la vida en esos hechos.<\/p>\n\n