El juzgado Noveno Penal del circuito de Medell\u00edn conden\u00f3, en sentencia anticipada, a Luis Alberto Fl\u00f3rez P\u00e9rez a una pena en establecimiento carcelario de seis a\u00f1os y una\u00a0 multa de 387millones de pesos por su responsabilidad en los hechos que generaron el desplazamiento de varios miembros de la comunidad negras en las cuencas de los r\u00edos Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3.<\/p>\n
Fl\u00f3rez P\u00e9rez, quien acept\u00f3 su responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado e invasi\u00f3n de \u00e1reas importancia ecol\u00f3gica que le imput\u00f3 un fiscal de la Unidad contra los Delitos de la Desaparici\u00f3n y el Desplazamiento Forzado, como integrante de una organizaci\u00f3n empresarial llamada Asociaci\u00f3n de Peque\u00f1os Cultivadores de Palma Africana, firm\u00f3 escrituras p\u00fablicas de compraventa de inmuebles que permitieron el despojo de las tierras de integrantes de la comunidad afrodescendiente de esa zona del Urab\u00e1 chocoano.<\/p>\n
Asimismo, aparece su nombre en numerosos contratos ilegales en los que personas fallecidas le dan poder para que \u00e9ste con sus fincas realice diferentes tr\u00e1mites. Al final, estas tierras terminaban en manos de las grandes empresas palmicultoras de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Esta sentencia hace parte de las 11 que ya han sido falladas en sentido condenatorio luego de que\u00a0 se denunciaran las hostilidades que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejercieran desde 1997, que a la postre terminaron con el desplazamiento de los pobladores de las citadas cuencas. Por esto, las empresas aprovecharon ese fen\u00f3meno desde el a\u00f1o 2000 para asentarse en esas tierras a trav\u00e9s de megaproyectos de explotaci\u00f3n de palma africana. Los paramilitares y los empresarios palmeros se concertaron para que con el accionar violento se lograra el desplazamiento forzado de los pobladores de esa zona para apoderarse del territorio y desarrollar la industria palmera.<\/p>\n
Las condenas de quienes han sido hallados responsables o han aceptado su participaci\u00f3n en estos hechos van entre seis y 15 a\u00f1os y multas de hasta 4.323 millones de pesos.<\/p>\n
En diciembre de 2012, servidores del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI), seccional Medell\u00edn, \u00a0capturaron al abogado Mario Alberto V\u00e9lez Giraldo, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y quien habr\u00eda incurrido en los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado de afrodescendientes e invasi\u00f3n de \u00e1reas de especial importancia ecol\u00f3gica.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n,\u00a0el abogado\u00a0V\u00e9lez Giraldo habr\u00eda obtenido del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) resoluciones falsas para la siembra de palma africana de aproximadamente 5 mil hect\u00e1reas en zonas habitadas por comunidades negras en las cuencas de los r\u00edos chocoanos Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3.<\/p>\n
Otras 70 personas, entre las que figuran servidores de corporaciones aut\u00f3nomas regionales, est\u00e1n vinculadas a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n