Por solicitud del fiscal 216 de la Unidad de Ejecuci\u00f3n de penas, la Juez 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, con funciones de conocimiento, sentenci\u00f3 a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n domiciliaria a tres integrantes de una red que cobraba dinero al Gobierno Nacional, con la presentaci\u00f3n de falsas v\u00edctimas de desplazamiento forzado.<\/p>\n
El fiscal del caso demostr\u00f3 que los condenados mediante la utilizaci\u00f3n de tutelas obtuvieron de la Oficina de Acci\u00f3n Social de la Presidencia de la Rep\u00fablica m\u00e1s de 8 mil millones de pesos, entre 2005 y 2011.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n estableci\u00f3 que los encartados cobraban la suma de 40 mil pesos por incluir a personas en las listas de desplazados y una vez se lograban la asignaci\u00f3n del dinero, se apoderaban del 10 por ciento de la suma percibida.<\/p>\n
Interceptaciones telef\u00f3nicas y seguimientos develaron el modus operandi<\/em> de dos cooperativas integrales que funcionaban en Bogot\u00e1 y Villavicencio(Meta), donde eran reclutadas e instruidas quienes ser\u00edan incluidos en las listas para presentar ante la mencionada oficina.<\/p>\n Igualmente, las autoridades judiciales comprobaron que esas cooperativas inscrib\u00edan como v\u00edctimas de desplazamiento forzado a familiares y amigos reclutados por intermedio de los presidentes de juntas de acciones comunales de algunos barrios de las ciudades citadas.<\/p>\n A los sentenciados identificados como: Jos\u00e9 Adenis Vega Olaya, Herbert S\u00e1nchez Morales y Nubia Narv\u00e1ez D\u00edaz, la Fiscal\u00eda los acus\u00f3 por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir.<\/p>\n La juzgadora orden\u00f3 al Inpec trasladar desde la c\u00e1rcel a sus residencias a los condenados, quienes, adem\u00e1s, pagar\u00e1n 48 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, cada uno.<\/p>\n\n