Tres rectores de instituciones educativas en Cartagena, un supuesto abogado y cuatro contratistas que al parecer cometieron actos de corrupci\u00f3n, fueron judicializados por una fiscal de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica de esa ciudad.<\/p>\n
La medida afect\u00f3 a Juan Carlos Castillo Castilla, Robinson Orozco Quejada y a Remberto de Jes\u00fas Navas Moreno, quienes laboran como directores de los planteles educativos.<\/p>\n
Igualmente fueron asegurados los contratistas, Hernando Vargas Morales, quien fung\u00eda como abogado sin tener t\u00edtulo profesional, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter del Carmen \u00c1lvarez Padilla y Enoelia Garc\u00eda Fl\u00f3rez.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 por una compulsa de copias de la Contralor\u00eda Distrital de Cartagena al encontrar durante el periodo de pandemia por el Covid 19, en los a\u00f1os 2020 y 2021, unas presuntas irregularidades en la celebraci\u00f3n de 20 contratos que realizaron los acad\u00e9micos para vincular a Vargas Morales, quien no era abogado y a los dem\u00e1s contratistas con un detrimento patrimonial de m\u00e1s de 500 millones de pesos.<\/p>\n
Labores de Polic\u00eda Judicial lograron establecer que ninguno de los procesos contractuales, que ten\u00edan como objeto, elaborar cartillas y material pedag\u00f3gico, dise\u00f1ar manuales de contrataci\u00f3n y funcionamiento de colegios y realizar asesor\u00edas jur\u00eddicas, entre otros, cumplieron con los requisitos legales establecidos, ni tampoco contaron con los soportes de ejecuci\u00f3n que sustentara el cumplimiento de los mismos.<\/p>\n
Se determin\u00f3 igualmente que las instituciones de educaci\u00f3n celebraron adem\u00e1s contratos con una empresa de mantenimiento, donde el falso jurista era el representante legal para mejorar las instalaciones, obras que no fueron realizadas y que afectaron el patrimonio de los recursos p\u00fablicos que benefician la educaci\u00f3n de ni\u00f1os y ni\u00f1as de sectores vulnerables de Cartagena.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda encontr\u00f3 que se omiti\u00f3 al parecer, por parte de los rectores la aprobaci\u00f3n y aval del consejo directivo para la selecci\u00f3n de los contratistas y que presumiblemente aceptaron documentaci\u00f3n falsa, como el diploma profesional del abogado, C\u00e1maras de Comercio de la compa\u00f1\u00eda de mantenimiento y las acreditaciones de experiencias, entre otros, para realizar las contrataciones. As\u00ed mismo se identificaron fraccionamientos en dichos contratos que no sobrepasaban la cuant\u00eda de 20 salarios m\u00ednimos legales para que se permitiera la modalidad de contrataci\u00f3n directa evadiendo la de selecci\u00f3n adecuada.<\/p>\n
Durante las audiencias preliminares, el ente acusador les imput\u00f3 a los procesados seg\u00fan sus responsabilidades individuales, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n, falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y falsedad en documento privado. Los cargos no fueron aceptados.<\/p>\n
Por disposici\u00f3n judicial, los tres rectores y el supuesto abogado deber\u00e1n cumplir las medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los contratistas lo har\u00e1n en sus lugares de domicilios.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n
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