Una fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz anunci\u00f3 la apertura de investigaci\u00f3n preliminar para establecer si funcionarios de varias notar\u00edas de C\u00f3rdoba y Antioquia habr\u00edan intervenido en el despojo masivo de tierras a agricultores para favorecer a las autodefensas encabezadas por el hoy extinto Carlos Casta\u00f1o Gil.<\/p>\n
La delegada fiscal sostuvo que se investiga la responsabilidad de empleados del Incoder ( Instituto de Desarrollo Rural) y del Fondo de Ganaderos de C\u00f3rdoba por irregularidades en la compra y venta de tierras a precios m\u00e1ximos de 50 mil pesos por hect\u00e1rea en lugar de 300 mil pesos que era la suma calculada.<\/p>\n
Tal situaci\u00f3n fue expuesta durante la audiencia de control de legalidad y aceptaci\u00f3n de cargos en el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en desarrollo del proceso que adelanta en contra de Salvatore Mancuso G\u00f3mez, Jorge Iv\u00e1n Laverde Zapata, alias El Iguano, Isa\u00edas Montes Hern\u00e1ndez, alias Junior, y Juan de las Aguas, alias Chaca.<\/p>\n
La\u00a0 fiscal tambi\u00e9n indic\u00f3 que fueron compulsadas copias a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a los servidores p\u00fablicos que presumiblemente participaron en el despojo a los agricultores de aproximadamente 6.500 hect\u00e1reas en los municipios de Turbo y Necocl\u00ed ( Antioquia).<\/p>\n
De acuerdo con lo establecido, en la compra de tierras se habr\u00edan registrado vicios de legalidad en las huellas digitales y en las firmas de los campesinos propietarios de esos terrenos. Se calcula que con esta modalidad fueron elevadas no menos de 100 escrituras p\u00fablicas en perjuicio de 300 personas, unas 60 familias.<\/p>\n\n