Por delitos de violencia sexual asociada al conflicto interno fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH adelantan la instrucci\u00f3n de ocho procesos, tienen vinculadas a 38 personas, \u00a0han demostrado ante los jueces la responsabilidad de seis encartados y est\u00e1n\u00a0al frente de dos casos en etapa de juicio.<\/p>\n
Entre los procesados hay integrantes de la subversi\u00f3n y de las autodefensas, uno de cuyos grupos, el denominado \u00a0\u201cH\u00e9roes de Gualiv\u00e1\u201d, tiene a varios de sus antiguos miembros afectados con medida de aseguramiento por el secuestro y la violaci\u00f3n de una de las dirigentes de una organizaci\u00f3n femenina.<\/p>\n
El caso ocurri\u00f3 el\u00a0\u00a021 de julio de 2003,\u00a0cuando la\u00a0v\u00edctima fue secuestrada por hombres armados en zona rural del municipio de Sasaima (Cundinamarca), quienes la llevaron hasta un sitio donde otros\u00a0militantes\u00a0del grupo ilegal la interrogaron, la tildaron de auxiliadora de la guerrilla, la sometieron a tratos indignantes y\u00a0laaccedieron carnalmente.<\/p>\n
Posteriormente,\u00a0la mujer\u00a0abandonada por sus victimarios\u00a0logr\u00f3\u00a0llegar a una\u00a0carretera donde consigui\u00f3 transporte hasta Puerto Salgar (Cundinamarca). All\u00ed\u00a0inform\u00f3\u00a0sobre\u00a0lo acontecido a las autoridades. Tiempo despu\u00e9s, tanto\u00a0esa\u00a0l\u00edder como sus familiares m\u00e1s cercanos\u00a0ante las amenazas\u00a0se vieron obligados a salir del pa\u00eds.<\/p>\n
De acuerdo con la providencia de la fiscal instructora los procesados: Dorance Murillo Boh\u00f3rquez, alias Jairo Chiquito, y Luis Alexander Beltr\u00e1n Rivera, alias Arturo, son\u00a0presuntos\u00a0coautores\u00a0de los delitos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona protegida y desplazamiento forzado.\u00a0Al caso recientemente fueron vinculadas otras cinco personas.<\/p>\n
Condena<\/strong><\/em><\/p>\n Por otra parte, un \u00a0caso ya juzgado es el de la enfermera rural Blanca Ludivia Hern\u00e1ndez, quien el 8 de agosto de 2002 fue interceptada por integrantes del Frente 50 de las Farc en zona rural del municipio de C\u00f3rdoba (Quind\u00edo). Una semana despu\u00e9s el cuerpo de la mujer fue encontrado con m\u00faltiples heridas de arma contundente y cortopunzante y con se\u00f1ales de haber sido ultrajada.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que la v\u00edctima, afiliada al Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess) y l\u00edder comunal, fue se\u00f1alada por los cabecillas de ese grupo como informante de la Ej\u00e9rcito Nacional.<\/p>\n Por tal crimen el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 impuso 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n a Gustavo Joanis Bedoya Mart\u00ednez, alias Javier o Chocorramo. La juzgadora lo hall\u00f3 responsable, en calidad de coautor, de los delitos de homicidio en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida y rebeli\u00f3n.<\/p>\n En su providencia la juez se\u00f1al\u00f3 que: \u201cBlanca Ludivia es otra v\u00edctima de la guerra. Esta mujer se convirti\u00f3 en blanco militar\u201d.<\/p>\n <\/p>\n\n