En desarrollo de la estrategia Argenta, liderada por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotr\u00e1fico, la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 65 bienes avaluados en 50.000 millones de pesos.<\/p>\n
Se trata de 39 predios rurales, 8 urbanos y 18 veh\u00edculos ubicados en los municipios de Puerto Berr\u00edo, Sons\u00f3n y Puerto Nare (Antioquia).<\/p>\n
Las acciones, adelantadas de manera articulada con la Dijin de la Polic\u00eda Nacional, permitieron establecer que estos activos, al parecer, fueron permeados por dineros producto de la actividad il\u00edcita que desarroll\u00f3 el excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Oliverio Isaza G\u00f3mez, alias Terror; hijo del desmovilizado jefe paramilitar, Ram\u00f3n Isaza.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 establecer que como due\u00f1os de los predios figuran familiares cercanos de Oliverio Isaza y terceros que no registran soportes contables o financieros que permitan demostrar el origen de los recursos con los que fueron adquirieron. Estas personas habr\u00edan prestado sus nombres para evadir la acci\u00f3n que sobre los activos pudieran ejercer las autoridades.<\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ser\u00e1 la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n MAGA\/AGB\/LPDS\/DEEDD\/MRC.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004<\/em>.<\/p>\n\n