Por hechos ocurrido en 2016, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imput\u00f3 cargos en contra de la exalcaldesa de El Doncello (Caquet\u00e1) Sandra Milena Losada Floriano, y William Molina P\u00e9rez, quien se desempe\u00f1\u00f3 como alcalde encargado de ese mismo municipio.<\/p>\n
Los dos exfuncionarios fueron se\u00f1alados como presuntos responsables de irregularidades en la etapa precontractual en un contrato para la adquisici\u00f3n de art\u00edculos de ferreter\u00eda\u00a0para el mejoramiento de redes de alcantarillado del municipio caquete\u00f1o.<\/p>\n
Tambi\u00e9n fueron vinculados a la investigaci\u00f3n Carmenza Caviedes Valencia, secretaria de planeaci\u00f3n; Ever Falla Rojas, asesor de contrataci\u00f3n y el contratista \u00c1lvaro Marles Artunduaga.<\/p>\n
Los delitos\u00a0<\/strong><\/p>\n Un fiscal adscrito a la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Seccional Caquet\u00e1 imput\u00f3 a los implicados como presuntos responsables, seg\u00fan sus responsabilidades individuales, de delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros, en calidad de coautores y a t\u00edtulo de dolo, peculado por apropiaci\u00f3n en calidad de interviniente a t\u00edtulo de dolo.\u00a0Ninguno acept\u00f3 responsabilidad alguna.<\/p>\n Los hechos \u00a0<\/strong><\/p>\n El 14 de diciembre del a\u00f1o 2016, Molina P\u00e9rez en su condici\u00f3n de alcalde municipal encargado de El Doncello, celebr\u00f3 el contrato de suministro N\u00b0 002 con la empresa Negocios Familiares Integrados S.A.S (Nefin S.A.S)\u00a0representada legalmente por Marles Artunduaga.<\/p>\n El objeto contractual era la adquisici\u00f3n de art\u00edculos de ferreter\u00eda para la ampliaci\u00f3n, mantenimiento y mejoramiento de las redes de alcantarillado, el control del uso eficiente y ahorros del agua potable en el municipio.<\/p>\n El valor del contrato super\u00f3 los 200 millones de pesos ($ 272\u2019236.108) siendo el plazo de ejecuci\u00f3n de 10 d\u00edas.<\/p>\n Para la Fiscal\u00eda dicho contrato se celebr\u00f3 sin observancia de los requisitos legales esenciales exigidos en la etapa precontractual. En esta \u00faltima\u00a0participaron: la alcaldesa, la secretaria de planeaci\u00f3n y el asesor, pues los estudios previos deben hacer un especial an\u00e1lisis del sector. Se investiga si en este caso se efectuaron en debida forma los referidos an\u00e1lisis, los cuales ser\u00edan insuficientes e incompletos.<\/p>\n Al parecer, los procesos previos al contrato no habr\u00edan sido adecuados a la realidad por lo que se habr\u00edan vulnerado los principios de contrataci\u00f3n estatal tales como: planeaci\u00f3n, transparencia, libertad de concurrencia, selecci\u00f3n objetiva, libertad concurrencia y publicidad.<\/p>\n Esto habr\u00eda originado que el contratista, supuestamente, se apropiara de los recursos del municipio caquete\u00f1o en cerca de 84 millones ($83\u2019943.846) esto por concepto de sobre costos y\/o sobreprecios de elementos que conforman el objeto del contrato de suministro.<\/p>\n Estos resultados hacen parte de la pol\u00edtica institucional del Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado\u00a0\u2018En la calle y en los territorios\u2019\u00a0en la lucha frontal contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n PAAM\/MAGA<\/p>\n\n