El\u00a0Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, con funciones de conocimiento, confirm\u00f3 la medida de aseguramiento, detenci\u00f3n preventiva, impuesta a Julio C\u00e9sar Daza Hern\u00e1ndez, Juli\u00e1n Alfredo G\u00f3mez D\u00edaz, Daniel Montoya y Jairo Cano Gallego, ex funcionarios del Iica, Instituto Interamericano de Cooperaci\u00f3n para la Agricultura, en desarrollo del proceso por la asignaci\u00f3n irregular de subsidios del Programa Agro Ingreso Seguro, AIS.<\/p>\n
Seg\u00fan lo establecido, Daza Hern\u00e1ndez ejerci\u00f3 la direcci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n general de la implementaci\u00f3n, el desarrollo y la ejecuci\u00f3n del AIS; mientras que G\u00f3mez D\u00edaz efectu\u00f3 la asesor\u00eda jur\u00eddica para la puesta en marcha del mencionado programa. Sin embargo, esta persona termin\u00f3 cumpliendo funciones en la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde fue el supuesto responsable de elaborar los documentos precontractuales avalados con sus firmas por funcionarios de dicho Ministerio.<\/p>\n
De acuerdo con la Fiscal\u00eda, este tr\u00e1mite precontractual vulner\u00f3 principios rectores de la contrataci\u00f3n estatal aplicables a las pol\u00edticas p\u00fablicas que pretend\u00eda desarrollar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por medio de los Convenios 055 de 2008 y 052 de 2009, para la implementaci\u00f3n del programa AIS, en lo relacionado con la convocatoria de riego y drenaje.<\/p>\n
\u201c De manera particular los principios que se vulneraron fueron los de planeaci\u00f3n, selecci\u00f3n objetiva, transparencia\u00a0 y econom\u00eda\u201d, precis\u00f3 el delegado del ente acusador.<\/p>\n
Para el fiscal del caso,\u00a0la medida de aseguramiento se fundamenta en que se trata de un delito contra la administraci\u00f3n p\u00fablica y su responsabilidad se basa en su papel como contratistas del Iica, la cual se encuentra\u00a0relacionada directamente con una funci\u00f3n y un inter\u00e9s p\u00fablico en la puesta en marcha del Programa Agro ingreso Seguro.<\/p>\n
\u201c De esta manera, una lesi\u00f3n a la administraci\u00f3n p\u00fablica como la que se le imputa a los se\u00f1ores Daza, G\u00f3mez, Montoya, Cano, Campo Soto es digna del mayor reproche social, por las implicaciones que ella tiene en el conjunto del funcionamiento del Estado, y por su capacidad desestabilizadora del sistema social\u201d, concluy\u00f3 el fiscal.<\/p>\n\n