{"id":177085,"date":"2019-03-17T13:00:56","date_gmt":"2019-03-17T18:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=177085"},"modified":"2019-03-17T13:03:00","modified_gmt":"2019-03-17T18:03:00","slug":"semana-de-contundentes-resultados-en-la-lucha-contra-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/semana-de-contundentes-resultados-en-la-lucha-contra-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"Semana de contundentes resultados en la lucha contra la corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<blockquote class=\"td_quote_box td_box_center\">\n<h4><strong>En seis d\u00edas, la Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a 32 personas a investigaciones por corrupci\u00f3n que comprometer\u00edan algo m\u00e1s de 24 mil millones de pesos.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n avanza con el plan Bolsillos de Cristal y pone al descubierto nuevos hechos de corrupci\u00f3n que han puesto en peligro los recursos p\u00fablicos. En la semana que termina fueron obtenidos importantes resultados en investigaciones que vinculan a alcaldes, exalcaldes, secretarios municipales, funcionarios judiciales, contratistas, entre otros.<\/p>\n<p>En total fueron judicializados 7 funcionarios, 12 exfuncionarios y 13 particulares.\u00a0 La mayor\u00eda de los hoy procesados habr\u00edan cometido actos irregulares que comprometen $24.219\u2019586.430. Suma adicional a los 500 mil d\u00f3lares que habr\u00edan recibido el exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo, y otras personas, cuya situaci\u00f3n jur\u00eddica fue resuelta el pasado jueves 14 de marzo.<\/p>\n<p>Los casos m\u00e1s destacados de la semana son:<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong><u>Imputaci\u00f3n al exalcalde El Cerrito (Valle del Cauca).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Mauricio Mart\u00ednez, alcalde de El Cerrito (Valle del Cauca), periodo 2012 &#8211; 2015, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros.<\/p>\n<p>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n investiga dos posibles irregularidades en la adquisici\u00f3n de un predio conocido como La Aurora y \u00a0cuyo proceso fue dirigido por el exmandatario con el aval de concejo municipal.<\/p>\n<p>Irregularidades:<\/p>\n<ul>\n<li>El predio de La Aurora ten\u00eda 48 hect\u00e1reas y estaba en proceso de sucesi\u00f3n entre 9 personas. El exalcalde habr\u00eda comprado el terreno que no estaba delimitado a solo cinco de ellas, por lo que no pudo construir el proyecto de vivienda.<\/li>\n<li>El predio fue comprado por un valor mucho m\u00e1s alto del que costaba realmente. El costo en los registros era de aproximadamente 2.057 millones de pesos, pero se pag\u00f3 por $3.657 millones, lo que significa que se habr\u00eda presentado un peculado de $1.600 millones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por estos hechos el exalcalde fue imputado y el juez del caso le impuso medidas no privativas de la libertad.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><u>Investigaciones por avalancha en Mocoa (Putumayo).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Por el delito de prevaricato por omisi\u00f3n, la Fiscal\u00eda imput\u00f3 a la ex secretaria de Infraestructura de la Gobernaci\u00f3n del Putumayo, Marxlin Carolina Pe\u00f1uela Castro.\u00a0 Asimismo, formul\u00f3 un nuevo cargo al alcalde de Mocoa (2012-2015), Elver Porfidio Cer\u00f3n, esta vez por prevaricato por omisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Los dos exfuncionarios son se\u00f1alados de omitir su responsabilidad constitucional y no tomar acciones preventivas para evitar la tragedia ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, que dej\u00f3 336 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidos.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><u>Pensiones irregulares en Telecom<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>El Tribunal Superior de Monter\u00eda (C\u00f3rdoba) conden\u00f3 a 9 a\u00f1os y 5 meses de prisi\u00f3n al juez Primero Civil Municipal Monter\u00eda,\u00a0 Gustavo Jaime Padilla, por hechos hecho cometidos cuando se desempe\u00f1\u00f3 como juez promiscuo municipal de Momil (C\u00f3rdoba). La Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que el funcionario judicial otorg\u00f3 irregularmente una pensi\u00f3n a un extrabajador de Telecom, reconocimiento que ascendi\u00f3 en su momento a $196\u2019415.845. El juez fue sentenciado por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y peculado a favor terceros.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong><u>Presuntas irregularidades en recaudo de impuestos en La Cumbre (Valle del Cauca).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Lina Maria Correa Dominguez, ex secretaria de Hacienda de La Cumbre (Valle del Cauca), y Harold Hernan Moreno Cardona, contratista, fueron imputados por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Se investigan presuntas irregularidades en dos contratos que ten\u00edan como objeto la asesor\u00eda y el apoyo a la Secretaria de Hacienda, en el recaudo de los impuestos en mora del municipio. Para este prop\u00f3sito se acord\u00f3 un cobro de cuota del 30% sobre el valor de cada tributo cobrado entre 2016 y 2017. La cuant\u00eda del contrato N\u00b0 031-2016 ascendi\u00f3 a $118\u2019102.900 y del contrato N\u00b0 008-2017 a $23\u2019450.140. En total se comprometieron $141\u2019553.040.<\/p>\n<p>Por estos hechos tambi\u00e9n es investigada Blanca Liliana Montoya Hernandez, alcaldesa de La Cumbre en el periodo 2016-2019, quien ser\u00e1 imputada en audiencia programada para mayo del presente a\u00f1o.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong><u>Recapturadas 4 personas por supuestas irregularidades en contrato de conectividad de instituciones educativas en Villavicencio.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Una fiscal\u00eda de la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n judicializ\u00f3 a cuatro personas presuntamente implicadas en hechos que atentan contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, a quienes un juez hab\u00eda dejado en libertad en septiembre pasado.<\/p>\n<p>Se trata de Hugo Leonardo Ortiz C\u00e1rdenas, funcionario de la Alcald\u00eda de Villavicencio; \u00c9lmer Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez, representante legal de Asomaroquia (contratista); N\u00e9stor Hernando Romero Garc\u00eda, gerente de las TIC en esa empresa; y Jaqueline Casallas Bautista, exempleada de Asomaroquia (ten\u00eda contrato por prestaci\u00f3n de servicios).<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, los procesados estar\u00edan inmersos en las irregularidades relacionadas con el incumplimiento del convenio 0787 realizado el 11 de julio de 2016, entre la Alcald\u00eda de Villavicencio \u2014a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n\u2014 y la Asociaci\u00f3n de Municipios de Amazon\u00eda y la Orinoqu\u00eda (Asomaroquia), por un valor de $1.933\u2019180.217, para la prestaci\u00f3n del servicio de internet y conectividad a 149 instituciones educativas oficiales esa ciudad.<\/p>\n<p>Por estos hechos, la Fiscal\u00eda imput\u00f3 cargos contra los capturados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homog\u00e9neo, peculado por apropiaci\u00f3n, falsedad en documento p\u00fablico y falsedad en documento privado. Ninguno acept\u00f3 su responsabilidad.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda solicit\u00f3 medida de aseguramiento en centro carcelario. La situaci\u00f3n jur\u00eddica les ser\u00e1 resulta a los procesados este lunes 18 marzo.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong><u>Medida de aseguramiento contra fiscal de la JEP Carlos Bermeo y el exsenador Luis Alberto Gil, por presuntos actos de corrupci\u00f3n en la JEP <\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, un juez de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 envi\u00f3 a prisi\u00f3n al fiscal delegado ante la JEP Carlos Bermeo, al exsenador Luis Alberto Gil Castillo, as\u00ed como a Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano.<\/p>\n<p>De acuerdo con lo expuesto en la audiencia p\u00fablica, estas personas delinquen desde diciembre de 2018,\u00a0 cuando supuestamente se concertaron para cometer delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>Con base en los videos obtenidos en dos hoteles en Bogot\u00e1 y llevados al juez de garant\u00edas, <em>\u201cel exfiscal Bermeo habr\u00eda recibido US 40.000 mientras que los otros procesados cerca de US 460.000 a cambio de incidir en el expediente por la extradici\u00f3n del exjefe guerrillero Jes\u00fas Santrich\u201d<\/em>, indic\u00f3 el fiscal del caso.<\/p>\n<p>En consecuencia, ir\u00e1n a juicio como presuntos responsables de los delitos de cohecho, concierto para delinquir y tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong><u>Ratificada medida de aseguramiento para alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) por presunta corrupci\u00f3n.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Un juez de conocimiento del Circuito de Pereira (Risaralda) ratific\u00f3 la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta contra el alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Henry Arias Mej\u00eda, a quien la Fiscal\u00eda judicializ\u00f3 como presunto responsable de la celebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en calidad de interviniente.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n est\u00e1 relacionada con las supuestas irregularidades cometidas en la celebraci\u00f3n de contrato No. 291 en diciembre de 2008, que le fue adjudicado a Arias Mej\u00eda cuando ostentaba la calidad de contratista. El objeto de dicho contrato era alojar y alimentar a 100 agentes de la Polic\u00eda Nacional que apoyar\u00edan la seguridad en el municipio en la \u00e9poca decembrina. El monto en dinero para cumplir con este contrato era $10.300.000.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong><u>Asegurado empleado de la Unidad de V\u00edctimas de Choc\u00f3 por presunta apropiaci\u00f3n de ayudas dirigidas a los afectados por el conflicto<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Como presunto responsable de apropiarse de auxilios destinados a los afectados por el conflicto armado, fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, Terry Est\u00edvenson Moreno Mosquera, trabajador de la Unidad\u00a0 de Reparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas del departamento de Choc\u00f3.<\/p>\n<p>De acuerdo con la investigaci\u00f3n adelantada por la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de esa Seccional, desde el a\u00f1o 2014, el procesado se habr\u00eda apropiado de los recursos p\u00fablicos con la ayuda particulares que falsificaban los documentos de los verdaderos beneficiarios.<\/p>\n<p>A Moreno Mosquera le fueron imputados cargos de peculado por apropiaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y falsedad material en documento p\u00fablico. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, ser\u00edan\u00a0 27 familias afectadas con\u00a0 un detrimento patrimonial superior a los 125 millones de pesos. Una de las v\u00edctimas es un joven analfabeta y con discapacidad mental.<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><strong><u>Presuntas irregularidades construcci\u00f3n de la plaza de mercado de Puerto As\u00eds, Putumayo<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Ante un juez de control de garant\u00edas de Mocoa (Putumayo), la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n formul\u00f3 cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en contra de seis personas, entre exfuncionarios de la Gobernaci\u00f3n de Putumayo y la Alcald\u00eda de Puerto As\u00eds.<\/p>\n<p>Se trata de Edwin Giovanny Ibarra Vallejo, ex secretario de Planeaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n; Jaime Wilder Guerrero Rodr\u00edguez, abogado de la Gobernaci\u00f3n; Mauricio Burbano B\u00e1rcenas, funcionario de la Oficina de Planeaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n de Putumayo; Jorge Eli\u00e9cer Coral Rivas, ex alcalde municipal de Puerto As\u00eds; Hugo Hern\u00e1n Hurtado, ex secretario de Planeaci\u00f3n de Puerto As\u00eds; y John Wilfredo Gir\u00f3n Cer\u00f3n, ex contratista Consorcio interventor\u00eda Puerto As\u00eds.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se deriva de las presuntas irregularidades halladas en la contrataci\u00f3n para la construcci\u00f3n de la plaza de mercado del municipio de Puerto As\u00eds y su proceso de ejecuci\u00f3n. La Fiscal\u00eda evidenci\u00f3 que, en el a\u00f1o 2013, la Gobernaci\u00f3n de Putumayo suscribi\u00f3 un contrato por $5.199\u2019882.322 para el desarrollo de la obra; sin embargo, a pesar de la inversi\u00f3n total del dinero, la construcci\u00f3n no fue terminada y permanece en el abandono desde 2015.<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong><u>Nuevas imputaciones por peculado tras las fiestas patronales de Motavita (Boyac\u00e1)<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>William Ren\u00e9 Roncancio Boh\u00f3rquez, secretario de Gobierno de Motavita (Boyac\u00e1) para el a\u00f1o 2013, y tres contratistas, fueron se\u00f1alados como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiaci\u00f3n y abuso de confianza calificado y falsedad material en documento p\u00fablico.<\/p>\n<p>En este caso ya fueron imputados cinco funcionarios, incluida la alcaldesa del municipio para la \u00e9poca, Dalila Jazm\u00edn Pamplona Pacheco.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se relaciona con los hechos ocurridos entre los a\u00f1os\u00a0 2012 y 2014, cuando la entonces alcaldesa de ese municipio boyacense, Dalila Jazm\u00edn Pamplona Pacheco, realiz\u00f3 varias contrataciones de manera directa con los hoy imputados, quienes fung\u00edan como representantes legales de las asociaciones que se encargar\u00edan de ejecutar actividades para estimular la cultura ciudadana, el sano esparcimiento, la recreaci\u00f3n y el rescate de su patrimonio cultural y religioso del municipio, en el marco de las fiestas patronales. Al t\u00e9rmino de las festividades, los contratos fueron pagados sin que se hubieran realizado todas las actividades estipuladas.<\/p>\n<p>Asimismo, dentro de la investigaci\u00f3n se estableci\u00f3 que con estos tres contratos la\u00a0 exalcaldesa Pamplona Pacheco se habr\u00eda apropiado de cerca de $237.717.000.<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><strong><u>Caso Espolones &#8211; fase II<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Un nuevo golpe contra la corrupci\u00f3n en Sucre logr\u00f3 la Fiscal\u00eda, tras poner en evidencia el fraude millonario del que fue objeto la administraci\u00f3n municipal de Cove\u00f1as (Sucre), al parecer, por parte de exfuncionarios, funcionarios y supuestos contratistas. La defraudaci\u00f3n total al municipio se estima en $14.762\u2019152.006.<\/p>\n<p>Mediante labores investigativas, la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que la alcald\u00eda de Cove\u00f1as, a partir del 28 de diciembre de 2017, realiz\u00f3 varios giros por un monto total de $7.639\u2019043.659, de una cuenta del municipio \u2014que se encontraba suspendida por solicitud del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (DNP)\u2014 a la cuenta la empresa Coraba, cuyo representante legal habr\u00eda cobrado los dineros.<\/p>\n<p>Seg\u00fan lo evidenciado, tales giros no ten\u00edan justificaci\u00f3n alguna, dado que la cuenta de la alcald\u00eda, denominada Proyecto Fondo SGR- Municipio de Cove\u00f1as, ten\u00eda por prop\u00f3sito la <em>\u201cConstrucci\u00f3n de obras de prevenci\u00f3n y control de la erosi\u00f3n costera en el casco urbano de los municipios de Cove\u00f1as y Santiago de Tol\u00fa, departamento de Sucre, regi\u00f3n Caribe\u201d<\/em>, pero la empresa Coraba, por su parte, radic\u00f3 un contrato denominado <em>\u201cPatios Productivos\u201d<\/em>, por un valor de $14.000\u2019000.000 para sustentar los presuntos giros irregulares.<\/p>\n<p>No obstante, en la investigaci\u00f3n se comprob\u00f3 que ni en la administraci\u00f3n municipal ni en Coraba, hab\u00eda registro de v\u00ednculos contractuales que soportaran dichas transacciones.<\/p>\n<p>Por estos hechos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n en concurso heterog\u00e9neo con falsedad material en documento p\u00fablico agravado por el uso:<\/p>\n<ul>\n<li>Olga Luc\u00eda Carta Mart\u00ednez, alcaldesa de Cove\u00f1as para la \u00e9poca de los hechos.<\/li>\n<li>Erney Alex\u00e1nder Barrios Blanco, actual Secretario de Hacienda y Tesorer\u00eda<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Miguel Mestra Quiroz, Contratista \u2013 Coraba<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los tres procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li><strong><u>Imputado exfuncionario de un juzgado civil de Neiva (Huila) por presunta estafa a una mujer con un falso remate<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en no salir del pa\u00eds, mostrar buena conducta y presentarse peri\u00f3dicamente ante la autoridad competente, le fue otorgada a William Fernando Bernal luego de haber sido imputado por la Fiscal\u00eda, por los delitos de uso de documento falso, falsedad en documento privado y estafa.<\/p>\n<p>La v\u00edctima fue una mujer que buscaba vivienda para ella y su familia bajo la figura de remate, puesto que era m\u00e1s asequible. En su denuncia indic\u00f3 que el hombre investigado, quien trabajaba en un juzgado civil para la \u00e9poca de los hechos, se comprometi\u00f3 a ayudarle con el tema.<\/p>\n<p>Fue as\u00ed como inicialmente Bernal, al parecer, le pidi\u00f3 la suma de $8\u2019800.000 para participar en el supuesto remate que ofrec\u00eda el Juzgado 4\u00b0 de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Neiva; luego le hizo una nueva exigencia por $400.000 y al final le exigi\u00f3 $510.000 m\u00e1s. Esta \u00faltima suma era aparentemente para pagar los honorarios de un abogado con el que realizar\u00edan un contrato que fue diligenciado con informaci\u00f3n falsa. En total fueron $9\u2019710.000.<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li><strong><u>Asegurado polic\u00eda por presunta apropiaci\u00f3n de \u2018bot\u00edn\u2019 de un hurto frustrado en Meta<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Por solicitud de la Fiscal\u00eda Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, fue asegurado en centro de reclusi\u00f3n Jos\u00e9 Libardo Ch\u00e1vez Basto, patrullero de la Polic\u00eda Metropolitana para el momento de los hechos, ocurridos el 13 de abril de 2018, en un casino del centro de Villavicencio (Meta).<\/p>\n<p>La situaci\u00f3n se habr\u00eda presentado cuando una patrulla policial lleg\u00f3 al establecimiento, luego de ser alertada sobre un hurto que se estaba realizando. Seg\u00fan lo determinado, el monto del robo asciende a $ 2\u2019795.500 que hab\u00edan sacado de las m\u00e1quinas y la registradora. Igualmente, pretend\u00edan llevarse un celular.<\/p>\n<p>De acuerdo con testigos presenciales de los hechos, el uniformado se habr\u00eda apropiado de $1\u00b4676.000 y el celular, los cuales se presume que guard\u00f3 entre su cintur\u00f3n cuando se hizo a un lado del sal\u00f3n, y posteriormente sali\u00f3 del lugar con la maleta.<\/p>\n<p>Ante el Juzgado 1\u00b0 Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas se realizaron las audiencias concentradas de Ch\u00e1vez Basto, ya destituido, a quien la Fiscal\u00eda le imput\u00f3 cargos por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, el cual no\u00a0 acept\u00f3.<\/p>\n<p>Dentro de la estrategia de Bolsillos de Cristal actualmente son investigadas 2917 personas, 1003\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 eran funcionarios al momento de ser vinculados, 728 exfuncionarios y 1186 particulares.\u00a0 En el sector justicia son investigadas 241 personas (191 de la Fiscal\u00eda), 196 funcionarios y 45 exfuncionarios.<\/p>\n<p>Los dineros comprometidos por estos casos suman $4.737.294.454.894.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por considerarla de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En seis d\u00edas, la Fiscal\u00eda vincul\u00f3 a 32 personas a investigaciones por corrupci\u00f3n que comprometer\u00edan algo m\u00e1s de 24 mil millones de pesos. 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