Bolsillos de Cristal\u00a0 \u2013 operaci\u00f3n \u2018Diez\u2026 Por ciento\u2019<\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n impuso medidas cautelares de extinci\u00f3n de dominio a 58<\/em> La operaci\u00f3n \u2018Diez\u2026 Por ciento\u2019 avanza en su segunda fase con el prop\u00f3sito de identificar y afectar los activos de los involucrados en un esquema de corrupci\u00f3n, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campa\u00f1as pol\u00edticas o retribuy\u00f3 el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales le adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo.<\/p>\n En esta etapa ha sido impactado el patrimonio de algunos de los contratistas y exfuncionarios de Armenia (Quind\u00edo), ciudad en la que inicialmente la Fiscal\u00eda descubri\u00f3 las maniobras il\u00edcitas. Ahora, los esfuerzos del equipo de fiscales y peritos se concentran en San Andr\u00e9s Islas, departamento que tambi\u00e9n fue afectado en sus finanzas a trav\u00e9s de la presunta entrega irregular de las obras de construcci\u00f3n de megacolegios y edificios p\u00fablicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos tur\u00edsticos, entre otras.<\/p>\n El rastreo realizado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n permiti\u00f3 detectar 58 bienes (51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio) que estar\u00edan a nombre de los funcionarios o particulares investigados por los hechos de corrupci\u00f3n en el archipi\u00e9lago o habr\u00edan estado al servicio de los consorcios contratistas.<\/p>\n Con la informaci\u00f3n sobre el posible origen o destinaci\u00f3n il\u00edcita de los bienes, una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupaci\u00f3n se cumplieron en el transcurso de la semana en municipios de Antioquia, San Andr\u00e9s y Bogot\u00e1, y contaron con el apoyo de personal de polic\u00eda judicial del CTI de la Fiscal\u00eda, Ej\u00e9rcito Nacional, Armada Nacional y Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n Bienes avaluados en 150 mil millones de pesos.<\/u><\/strong><\/p>\n Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares superan en valor los 150 mil millones de pesos y est\u00e1n distribuidos de la siguiente manera:<\/p>\n En este grupo de propiedades sobresalen dos inmuebles con piscina y algunos lujos, ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay. Estas dos casas, cuyo valor ascender\u00eda a 5 mil millones de pesos, eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.<\/p>\n Tambi\u00e9n llam\u00f3 la atenci\u00f3n un lote que ya hab\u00eda sido objeto de extinci\u00f3n del derecho de dominio en un proceso por narcotr\u00e1fico, y que uno de los involucrados en el desfalco a San Andr\u00e9s compr\u00f3 en un remate al Fondo de Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con las medidas impuestas hoy el bien volver\u00eda al Frisco.<\/p>\n Los bienes quedar\u00e1n a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/p>\n En contexto<\/u><\/strong><\/p>\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n coordinada por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en 2011, Hern\u00e1n Moreno P\u00e9rez, contratista y titular de la empresa Furel S.A., habr\u00eda entregado 400 millones de pesos a la campa\u00f1a de Aury Socorro Guerrero Bowie\u00a0 para que, una vez llegara a la Gobernaci\u00f3n de San Andr\u00e9s, le adjudicara los principales proyectos y obras en el archipi\u00e9lago.<\/p>\n Para las elecciones de 2015, Moreno P\u00e9rez y otros constructores como Fernando Le\u00f3n Diez Cardona, supuestamente, aportaron 1.200 millones de pesos al entonces candidato Ronald Housni Jaller, quien posteriormente lleg\u00f3 a la gobernaci\u00f3n del departamento y habr\u00eda dado continuidad a la contrataci\u00f3n irregular.<\/p>\n La Fiscal\u00eda constat\u00f3 que los pliegos de contrataci\u00f3n en San Andr\u00e9s, al parecer, fueron ajustados para que las empresas de los constructores que financiaron las campa\u00f1as quedaran con las obras y sus respectivas interventor\u00edas. En contraprestaci\u00f3n por esta maniobra, los entonces gobernadores Guerrero Bowie y Housni Jaller habr\u00edan recibido el 10% de la contrataci\u00f3n que, seg\u00fan los elementos probatorios, super\u00f3 los 120 mil millones de pesos.<\/p>\n Por estos hechos, la Fiscal\u00eda compulso copias a la Corte Suprema de Justica para que, dentro de sus competencias, investigue la presunta participaci\u00f3n del exrepresentante a la C\u00e1mara Jack Housni Jaller.<\/p>\n La Fiscal\u00eda hace p\u00fablica esta informaci\u00f3n por considerarla de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n
\nbienes, avaluados inicialmente en 150 mil millones de pesos, que estar\u00edan a nombre de los<\/em>
\ninvolucrados en varios hechos de corrupci\u00f3n ocurridos en San Andr\u00e9s o habr\u00edan servido para respaldar las maniobras ilegales que pusieron en riesgo m\u00e1s de 120 mil millones de pesos del departamento. En las diligencias fueron incautados cerca de 400 millones de pesos.<\/em><\/p>\n\n
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