Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y algunos\u00a0 de los abogados\u00a0 defensores, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medell\u00edn revoc\u00f3 las medidas de aseguramiento de car\u00e1cter domiciliario que pesaban contra el contralor de Envigado (Antioquia), Jos\u00e9 Conrado Restrepo Valencia, y contra la secretaria de Hacienda, Girlesa del Socorro Mesa Medina, y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de falsedad material en documento privado y cohecho propio.<\/p>\n
En la misma decisi\u00f3n, el fallador le impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio al alcalde de la poblaci\u00f3n Ra\u00fal\u00a0 Eduardo Cardona Gonz\u00e1lez, quien gozaba de una medida no privativa de la libertad y con la prohibici\u00f3n de ingresar a la administraci\u00f3n municipal y hablar con los empleados o contratistas.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n evidenci\u00f3 que Cardona Gonz\u00e1lez al parecer despidi\u00f3 a varios funcionarios que se negaron a pagar coimas a un exconcejal, para conservar sus cargos.<\/p>\n
Los investigadores establecieron que el exconcejal Lindon Jhonson Galeano Avello, supuestamente, presionaba a servidores de diferentes niveles, para que le entregaran entre el 10 y el 20 por ciento de su sueldo. Una de las v\u00edctimas denunci\u00f3 que tuvo que darle 62 millones de pesos para poder conservar su cargo. Al\u00a0 exconcejal le fue confirmada la\u00a0 medida de aseguramiento en su lugar de domicilio para evitar que continuara con los cobros irregulares.<\/p>\n
De acuerdo con el fallo de segunda instancia, tambi\u00e9n estar\u00e1n bajo detenci\u00f3n domiciliaria el exsecretario de Educaci\u00f3n Diego Fernando Echavarr\u00eda Giraldo y el representante legal del programa Computadores para Educar, Reinel Fernando Bedoya Rodr\u00edguez, procesados por presuntas irregularidades en la donaci\u00f3n de 500 tabletas y un contrato de m\u00e1s de 300 millones para la instalaci\u00f3n de un software a los equipos.<\/p>\n
La misma medida fue fijada para los\u00a0 particulares Camilo Andr\u00e9s Correa Berruecos y Luz Marcela Quintero Restrepo, investigados por la supuesta negociaci\u00f3n de un lote de 11.000 metros cuadrados en la vereda Pantanillo de la citada poblaci\u00f3n. Ambos contaban con una medida no privativa de la libertad.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de primera instancia fue proferida por el Juzgado 31 Penal Municipal de Medell\u00edn, con funciones de control de garant\u00edas, el 4 de diciembre de 2018.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n se hace p\u00fablica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n
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