El siguiente es un fragmento del discurso dado por la Fiscal General de la Naci\u00f3n, Viviane Morales Hoyos, en el \u2018Primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional\u2019, organizado por la Universidad Libre de Cali en el marco de los 20 a\u00f1os de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia:<\/p>\n
\u201cLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia dej\u00f3 de ser una norma abstracta para convertirse en un puente directo del Derecho, aplicable en la definici\u00f3n de las libertades fundamentales en casos concretos.<\/p>\n
Esto ha producido cambios en la manera de entender el derecho penal, porque significa que los derechos del procesado y de las v\u00edctimas ya no dependen de su consagraci\u00f3n expresa en los C\u00f3digos Penal y de Procedimiento Penal, sino que debe acudirse al texto constitucional como fuente directa del derecho.<\/p>\n
Esta importancia que ha venido adquiriendo el texto constitucional en la determinaci\u00f3n del derecho penal, aplicable en cada caso concreto, es consecuencia, entre otras causas, de la creaci\u00f3n de la Corte Constitucional, porque ha sido la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n la que se ha encargado de llenar de contenido y definir los l\u00edmites de las instituciones penales.<\/p>\n
(\u00c2\u2026) Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca del l\u00edmite de las facultades jurisdiccionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ha sido medular en la racionalidad y la estructura del Sistema Penal Acusatorio.<\/p>\n
Los sujetos procesales no s\u00f3lo cuentan con abundante y decantada jurisprudencia a cerca del contenido de sus derechos fundamentales, sino que adem\u00e1s cuentan con un mecanismo \u00e1gil e independiente al proceso penal para hacerlos valer.<\/p>\n
Hace dos d\u00e9cadas, los \u00fanicos mecanismos existentes para proteger los derechos del procesado frente a agravios o agresiones de sus derechos fundamentales eran las instituciones procesales tradicionales. <\/p>\n
Actualmente, los procesados tienen a su alcance una acci\u00f3n p\u00fablica para exigir la tutela de sus derechos fundamentales, en aquellos casos en los que la ley procesal no tiene alcance. <\/p>\n
Pero la acci\u00f3n de tutela no es la \u00fanica v\u00eda. La Constituci\u00f3n de 1991 ha llenado de valores al habeas corpus no s\u00f3lo como derecho fundamental sino como una acci\u00f3n p\u00fablica para la defensa de la libertad. La Corte Constitucional ha logrado convertir el habeas corpus como el mecanismo m\u00e1s indicado para la protecci\u00f3n de la libertad individual, existente en el ordenamiento penal colombiano.<\/p>\n
En fin, la Constituci\u00f3n Nacional y el desarrollo de la Corte Constitucional redimieron, por completo, el derecho penal. La Constituci\u00f3n Nacional ha producido un cambio total de paradigma en este campo del derecho. Prueba de ello es la manera como los jueces penales municipales vienen cumpliendo la funci\u00f3n como jueces de control de garant\u00edas en el proceso penal.<\/p>\n
Pod\u00edamos decir, sin equivocarnos, que el derecho penal colombiano es hoy m\u00e1s garantista que nunca. Precisamente, gracias a que la Constituci\u00f3n Nacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo cambiaron por completo, al punto que los jueces, los fiscales, los defensores, las v\u00edctimas y el Ministerio P\u00fablico, recurren a ellos.<\/p>\n
(\u00c2\u2026) El ordenamiento pol\u00edtico colombiano ha creado un r\u00e9gimen especial para revestir de mayores garant\u00edas a las v\u00edctimas de los delitos cometidos por miembros de los grupos ilegales desde el 2006.<\/p>\n
La Ley de Justicia y Paz tiene a la v\u00edctima justo en el centro del proceso y la convierte en un actor indispensable.<\/p>\n
La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ha realizado 559 jornadas de v\u00edctimas, en las que ha atendido a 110 mil personas y 176 jornadas de atenci\u00f3n a familiares de desaparecidos en las cuales se han atendido cerca de 34 mil familiares.<\/p>\n
En esas jornadas, las v\u00edctimas no s\u00f3lo aportan informaci\u00f3n valiosa sino que han entregado alrededor de 14 mil muestras de sangre para posterior cotejo de ADN.<\/p>\n
La colaboraci\u00f3n de las v\u00edctimas y de los familiares de desaparecidos es fundamental para la reconstrucci\u00f3n de la verdad hist\u00f3rica del conflicto y para identificar los miles de restos encontrados en las exhumaciones de los cientos de fosas comunes, informadas por los postulados de Justicia y Paz.<\/p>\n
(\u00c2\u2026) La Unidad Nacional de fiscales especializados, tambi\u00e9n, tiene por delante un reto importante en materia de reparaci\u00f3n, consistente en apoyar el proceso de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
La restituci\u00f3n de tierras es un proyecto sumamente ambicioso que pasa por la dif\u00edcil tarea de hacer un censo electoral de tierras despojadas, titularizarlas y devolverlas a las miles de familias desplazadas.<\/p>\n
La responsabilidad de la Fiscal\u00eda consiste esencialmente en contribuir a la identificaci\u00f3n de las v\u00edctimas de desplazamiento que tienen derecho a la restituci\u00f3n. Adem\u00e1s, tiene la obligaci\u00f3n constitucional de identificar, capturar y judicializar a los responsables para asegurar que el derecho de restituci\u00f3n de tierras no se lleve a cabo en un marco de impunidad.<\/p>\n
Y por si esto fuera poco, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tiene, tambi\u00e9n, la obligaci\u00f3n de contribuir a la identificaci\u00f3n de las tierras arrebatadas a los miles de campesinos desplazados por la violencia para que las autoridades correspondientes puedan llevar a feliz t\u00e9rmino su restituci\u00f3n.<\/p>\n
Por ejemplo, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH est\u00e1 manejando una investigaci\u00f3n emblem\u00e1tica de restituci\u00f3n de tierras, la cual tiene como objetivo la identificaci\u00f3n de los responsables del despojo de 30 mil hect\u00e1reas de lotes colectivos ubicados en las riveras de los r\u00edos Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3 en el a\u00f1o 2001. Indispensable para la restituci\u00f3n a sus leg\u00edtimos propietarios.<\/p>\n
Finalmente, la Constituci\u00f3n Nacional tuvo influencia en la forma de proteger los bienes jur\u00eddicos colectivos. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ha tenido que crear unidades especializadas en delitos contra la salud p\u00fablica, seguridad p\u00fablica, del orden econ\u00f3mico y social. <\/p>\n
A manera de conclusi\u00f3n, quisiera se\u00f1alar que no hay duda de que el derecho penal colombiano es un derecho completamente constitucionalizado. Pr\u00e1cticamente no hay instituci\u00f3n penal que escape a la influencia de la Constituci\u00f3n Nacional o que no requiera de una interpretaci\u00f3n constitucional. Esto hace que la Carta Pol\u00edtica adquiera vida y se transforme en el motor del derecho penal\u201d.<\/p>\n\n