La Fiscal\u00eda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acus\u00f3 al\u00a0 ex contralor delegado para Infraestructura F\u00edsica, Telecomunicaciones y Desarrollo Territorial, Nelson Iz\u00e1ciga Le\u00f3n, como presunto autor responsable de los delitos de falsedad ideol\u00f3gica y prevaricato por acci\u00f3n.<\/p>\n
Los hechos se relacionan con la investigaci\u00f3n fiscal que dicha entidad adelant\u00f3 por el caso de Conigravas S.A., y que es hoy uno de los procesos m\u00e1s onerosos que enfrenta la Naci\u00f3n, ya que se persigue el pago de m\u00e1s de 150.000 mil millones de pesos.<\/p>\n
Las investigaciones se remontan al a\u00f1o 1983, cuando el extinto Ministerio de Obras P\u00fablicas celebr\u00f3 un contrato para la construcci\u00f3n de una v\u00eda de 23 km,\u00a0 proyecto terminado unilateralmente por parte de dicho ministerio, lo que ocasion\u00f3 que las constructoras iniciaran un proceso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para el pago de da\u00f1os y los costos en que hab\u00edan incurrido.<\/p>\n
En virtud de tal proceso contractual, el Tribunal fall\u00f3 a favor de los demandantes concediendo una conciliaci\u00f3n en 1998 por una suma superior 25.000 millones. Sin embargo, los acreedores adelantaron un segundo proceso al considerar que los t\u00e9rminos econ\u00f3micos de la conciliaci\u00f3n no se cumplieron.<\/p>\n
No conformes, las constructoras en la demanda advirtieron que el Estado les adeudaba los intereses de las sumas reconocidos en la resoluci\u00f3n de pago, demanda conciliada en el a\u00f1o de 2005, y que seg\u00fan las sugerencias hechas por el Instituto Anticorrupci\u00f3n de la Universidad del Rosario, equivalen a\u00a0 cerca de 74.000 millones de pesos.<\/p>\n
Seg\u00fan el fiscal del caso, cuando ya parec\u00eda que todo iba a acabar, y el Estado colombiano dar\u00eda fin a esta millonaria demanda en su contra, \u201cy subsanar adem\u00e1s los errores cometidos en el pasado, el procesado Nelson Iz\u00e1ciga Le\u00f3n emiti\u00f3 un oficio a la oficina de Cr\u00e9dito P\u00fablico del Ministerio de Hacienda con el fin de que suspendieran el pago de la segunda conciliaci\u00f3n, bajo el argumento de que la Contralor\u00eda investigaba la validez de los t\u00edtulos con los que los demandantes hab\u00edan iniciado la demanda ejecutiva\u201d.<\/p>\n
Agreg\u00f3 el fiscal en la audiencia p\u00fablica que dicha entidad s\u00f3lo investigaba el posible da\u00f1o fiscal causado por no pago de los dineros adeudados a Conigravas y otros; lo cual alert\u00f3 a los funcionarios de Cr\u00e9dito P\u00fablico y llev\u00f3 a que no fueran emitidos los t\u00edtulos con los que se iba a pagar dicha deuda.<\/p>\n
No obstante, sostiene el ente acusador que \u201cNelson Iz\u00e1ciga fue m\u00e1s all\u00e1 de inventarse una supuesta indagaci\u00f3n e inici\u00f3, de manera totalmente injustificada y sin suficientes elementos de prueba, un nuevo proceso. Ya no s\u00f3lo por la validez de los t\u00edtulos, sino por los dineros embargados al Inv\u00edas\u201d.<\/p>\n
Como elementos materiales de prueba, la Fiscal\u00eda cuenta con documentos y testimonios de\u00a0 abogados y otros profesionales de la Contralor\u00eda que le advirtieron que dicho proceder era ileg\u00edtimo, y que por ser un pago que hab\u00eda sido ordenado por una autoridad judicial deb\u00eda adelantarse la acci\u00f3n de repetici\u00f3n y no la acci\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Manifest\u00f3 el delegado del ente acusador que todas estas irregularidades son la causa de que dicha deuda siga en cabeza del Estado colombiano y que sea por ello, imposible adelantar con \u00e9xito las respectivas acciones penales y de repetici\u00f3n frente a quienes decidieron tramitar las conciliaciones en 1998 y en 2006 y determinar si, en efecto, la resoluci\u00f3n de pago falt\u00f3 a lo acordado por las partes ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.<\/p>\n
De manera que despu\u00e9s de fijar los testigos y dem\u00e1s pruebas que ser\u00e1n debatidos en juicio, \u201cla Fiscal\u00eda espera probar la responsabilidad del se\u00f1or Iz\u00e1ciga Le\u00f3n y, reiterar, como ya lo ha hecho en otros casos, que los funcionarios p\u00fablicos deben ce\u00f1ir sus acciones a los postulados consagrados en la Constituci\u00f3n y la ley\u201d, concluy\u00f3 el Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
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CMRM\/DLBM<\/p>\n\n