La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n llevar\u00e1 a juicio a dos empleados y un contratista de la Fiduprevisora S.A., identificados como Carlos Alberto Parra Satiz\u00e1bal, Gerardo Mauricio Cort\u00e9s Pomar y Javier Alexander Colmenares Ardila, quienes fungieron como encargados de la liquidaci\u00f3n de la extinta Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica (Corelca).<\/p>\n
De acuerdo con el escrito de acusaci\u00f3n, tanto Parra Satiz\u00e1bal como Cort\u00e9s Pomar\u00a0 y Colmenares Ardila, este \u00faltimo como contratista, responder\u00e1n por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n, falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y fraude procesal en calidad de coautores.<\/p>\n
Se les se\u00f1ala de incidir ante la registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena (Bol\u00edvar), para que fueran levantadas unas medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la ciudad de Mompox (Bol\u00edvar), respecto a 10 lotes en embargo ubicados en la isla de San Andr\u00e9s y Providencia.<\/p>\n
Los hechos se originaron en el a\u00f1o de 1998 cuando Corelca ampli\u00f3 sus redes el\u00e9ctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bol\u00edvar, sobre predios de particulares.<\/p>\n
En el a\u00f1o 2000, un total de 63 familias afectadas demandaron civilmente a Corelca, y 13 de ellas lograron que la empresa fuera condenada y obligada en 2009 a pagar indemnizaciones por catorce mil millones de pesos.<\/p>\n
Seg\u00fan el fiscal del caso, los hoy procesados \u2014a nombre de la empresa liquidada\u2014 habr\u00edan solicitado de forma irregular el desembargo de estos bienes, para ser anexados al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
Dentro del tr\u00e1mite de la audiencia p\u00fablica, la defensa de los procesados, excepto el de Gerardo Mauricio Cort\u00e9s Pomar, consider\u00f3 que el juicio debe surtirse en la ciudad de Barranquilla o Cartagena en donde sucedieron los hechos.<\/p>\n
Sin embargo, la Fiscal\u00eda argument\u00f3 que el juicio debe ser tramitado en la capital de la Rep\u00fablica, pues fue all\u00ed en donde se ejecut\u00f3 el delito as\u00ed se haya consumado en otro lugar, y que adem\u00e1s, es en Bogot\u00e1 donde tiene la raz\u00f3n social el liquidador, es decir la Fiduprevisora.<\/p>\n
Entretanto, el conflicto de competencias para establecer el lugar y juez penal del circuito que resuelva el proceso,\u00a0 ser\u00e1 definido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
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