El Juzgado 77 Penal de Bogot\u00e1, con funci\u00f3n de garant\u00edas, determin\u00f3 cobijar con medida de aseguramiento a 10 personas entre servidores p\u00fablicos y particulares, se\u00f1alados como presuntos autores y coautores de los delitos de concierto para delinquir y cohecho.<\/p>\n
Algunos de los procesados tambi\u00e9n deber\u00e1n responder por delitos como prevaricato por acci\u00f3n, falsedad en documento p\u00fablico y fraude procesal, seg\u00fan su actuar.<\/p>\n
Los procesados, enviados a prisi\u00f3n, son: el Juez\u00a0de Guamal (Meta), Luis Ever Salazar Sarria; Carlos Hern\u00e1n Garz\u00f3n, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodr\u00edguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso, A\u00edda Salgado Le\u00f3n.<\/p>\n
Por otra parte, con medida de aseguramiento domiciliaria fueron cobijados: N\u00e9stor Gordillo, investigador del CTI; Germ\u00e1n Ruiz Beltr\u00e1n, funcionario del Instituto Colombiano de Medicina Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio (Meta). En libertad fue dejado el m\u00e9dico Omar de la Hoz.<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda General se trata de una presunta red criminal al servicio de la delincuencia organizada, la cual ofrec\u00eda beneficios judiciales y maniobras jur\u00eddicas para brindarles libertad provisional o definitiva, as\u00ed como detenciones domiciliarias\u00a0 a los delincuentes, con precios que oscilaban entre 2 y 40 millones de pesos.<\/p>\n
Seg\u00fan manifest\u00f3 la fiscal delegada en este caso, en audiencia p\u00fablica desarrollada durante m\u00e1s de 25 d\u00edas en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogot\u00e1, los procesados en un acto de corrupci\u00f3n supuestamente tramitaron beneficios ante Justicia y Paz a favor de Jos\u00e9 Everto L\u00f3pez Montero, alias Caracho, como si fuera beneficiario de dicha ley.<\/p>\n
De acuerdo con la imputaci\u00f3n de cargos, L\u00f3pez Montero hab\u00eda sido condenado en el a\u00f1o 2016 a una pena de 26 a\u00f1os de prisi\u00f3n como responsable de los delitos de tortura y desaparici\u00f3n forzada, como cabecilla de la organizaci\u00f3n criminal denominada Erpac, la cual operaba en los llanos orientales en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana.<\/p>\n
“Se us\u00f3 la reuni\u00f3n y el papel de la OEA para que Garz\u00f3n sirviera a la criminalidad y acercar a Caracho a la JEP”, dijo la fiscal encargada del caso.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u201cen otros casos, tramitaban valoraciones m\u00e9dicas falsas en las que aparecen los funcionarios del Instituto Colombiano de Medicinal Legal, quienes elaborar\u00edan certificaciones por problemas psiqui\u00e1tricos y perfiles suicidas con el fin de obtener sentencias de reclusiones en los centros hospitalarios\u201d.<\/p>\n
\u201cEs el caso de Pedro Nel Ardila, condenado a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de abuso sexual y a quien el m\u00e9dico Omar de la Hoz le diagnostic\u00f3 un cuadro depresivo y riesgo de suicidio\u201d, se\u00f1al\u00f3 la representante del ente acusador.<\/p>\n
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