Un juez de la Rep\u00fablica profiri\u00f3 medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Pedro Antonio Aguilar Rodr\u00edguez, Parm\u00e9nides Reinelio Gueltr\u00e1n y Juvenal Yant\u00e9n Agredo, integrantes de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Camioneros (ACC).<\/p>\n
Los hoy asegurados son investigados por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso, supresi\u00f3n u ocultamiento de documento p\u00fablico y fraude procesal, en hechos relacionados con el denominado cartel de la chatarrizaci\u00f3n en Colombia.<\/p>\n
De acuerdo con lo manifestado por la delegada fiscal, Aguilar Rodr\u00edguez, presidente de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Camioneros (ACC), habr\u00eda sido el encargado de involucrar a particulares en la compra de automotores listos para la chatarrizaci\u00f3n y as\u00ed obtener de manera irregular los beneficios econ\u00f3micos de reposici\u00f3n de veh\u00edculos de carga que otorga el Estado.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que su actividad supuestamente inclu\u00eda el uso de documentos falsos para burlar las normas citadas en la Resoluci\u00f3n 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte. \u201cAguilar convenc\u00eda a los tramitadores, como en el caso de Parm\u00e9nides Reinelio Gueltr\u00e1n, quien mov\u00eda las carpetas de un lugar a otro para el tr\u00e1mite de chatarrizaci\u00f3n, alterando la informaci\u00f3n de los rodantes y la de los propietarios\u201d.<\/p>\n
La decisi\u00f3n tambi\u00e9n cobij\u00f3 a Lina Piedad S\u00e1nchez y Mar\u00eda Mabel S\u00e1nchez, quienes deber\u00e1n permanecer en su lugar de residencia, pues justificaron ser madres cabeza de familia.<\/p>\n
Estas, seg\u00fan lo establecido por la Fiscal\u00eda, presuntamente adquir\u00edan veh\u00edculos de carga a su nombre y le daban una comisi\u00f3n econ\u00f3mica a Aguilar, sin que ellas tuvieran un soporte de la capacidad econ\u00f3mica para la compra de los mismos.<\/p>\n
La medida de aseguramiento se hizo necesaria por la cantidad y gravedad de los delitos y la facilidad que tendr\u00eda Aguilar y sus socios\u00a0 de acceder a documentos p\u00fablicos que puedan afectar el proceso.<\/p>\n
Se calcula que estas personas \u00a0habr\u00edan operado cerca de 12 mil tr\u00e1mites de chatarrizaci\u00f3n de manera fraudulenta en Colombia, por un valor de $600.000.000.000.<\/p>\n
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