La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre una avioneta, que el pasado 23 de mayo aterrizó en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina, con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 102 millones de pesos en efectivo.

Esta es la avioneta afectada con extinción del derecho de dominio.

El material probatorio y la evidencia física recaudadas evidencian que la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la investigación, la avioneta llegó a la isla con el pretexto de llevar ayudas humanitarias y cajas con tapabocas, pero se pudo determinar que en su interior iba oculta la sustancia ilegal.

Para la Fiscalía, en este caso se cumplen las causales consignadas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que destaca: “se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”.

En lo penal

En el marco del proceso penal por este hecho, el pasado 26 de mayo, el juez promiscuo municipal de Providencia, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, piloto y ayudante de carga de la aeronave, respectivamente.

Las dos personas fueron imputadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico como presuntas responsables de los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos; cargos que no aceptaron los procesados.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados

MAGA/DLBM/LD/LAB/MCRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.