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Judicializadas tres personas señaladas de hacer parte de una red de tráfico de migrantes en el territorio nacional

El material de prueba evidenció que los migrantes debían pagar cada uno entre 150 y 300 dólares, para ser trasladados desde Nariño hasta Necoclí (Urabá). El destino final era Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, judicializó a dos hombres y una mujer, presuntamente responsables de movilizar irregularmente extranjeros por el territorio nacional.

Se trata de Emiro Vargas Mosquera, Elacid Quiceno Cossio y Nelly Esperanza Giraldo Zuluaga quienes son señalados de movilizar por el territorio nacional ciudadanos de Guínea, Mauritania, Haití y Brasil, entre otros países.

El material de prueba recaudado evidenció que los migrantes debían pagar cada uno entre 150 y 300 dólares, para ser trasladados desde Nariño hasta Necoclí (Urabá). Posteriormente serían ubicados por otras personas para ayudarles a llegar a Estados Unidos.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en Medellín, Caldas y San Jerónimo (Antioquia). La Fiscalía los imputó como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Ninguno aceptó los cargos.

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a dos de los procesados. Quiceno Cossio, fue cobijado con detención domiciliaria.

Esta información se publica por razones de interés general.

LMFO/MAGA/JCB/DECVDH/MRC/

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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