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Fue enviada a la cárcel una mujer que, al parecer, por celos habría ordenado el homicidio de otra perteneciente a la comunidad LGTBIQ+  

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Quindío logró que Luz Sorani Marcelo Ramírez, integrante de la comunidad LGTBIQ+ fuera privada de la libertad en un establecimiento carcelario, debido a que en su contra existen pruebas que la vincularían con el asesinato de Karol Julieth Ramírez Moreno, integrante de la misma comunidad.

Según consta en la investigación la víctima había sido reportada como desaparecida desde finales de diciembre de 2021, desde cuando no se tenía razón de su paradero.

Labores investigativas desplegadas por la Fiscalía permitieron encontrar sepultados restos óseos en área rural de la vereda Laurel en Quimbaya (Quindío) los cuales, según el dictamen del instituto de Medicina Legal corresponderían a Ramírez Moreno.

La evidencia física recopilada permite considerar a la procesada como la persona que habría ordenado el homicidio.

Indagaciones preliminares señalan que la orden de quitarle la vida a Ramírez Moreno habría sido impartida por la procesada, al parecer, por un asunto de celos. Se presume que el encargado de ejecutar dicha orden fue Juan Carlos Yepes Bañol; quien aceptó cargos y actualmente está privado de la libertad por este delito.

Por estos hechos Luz Sorani Marcelo Ramírez fue imputada por su presunta participación en el delito de feminicidio agravado, el cual fue rechazado por la procesada.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.   

CLCG/MAGA/MRLO/DSR

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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