El material de prueba obtenido por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusiera medida privativa de la libertad a tres ciudadanos venezolanos, quienes fueron capturados en flagrancia con 430 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Ciudadanos extranjeros fueron capturados con cerca de media tonelada de cocaína.

Los extranjeros se movilizaban en una lancha langostera y fueron interceptados en aguas costeras de Puerto Bolívar (La Guajira). Al parecer, la embarcación presentó fallas mecánicas y quedó a la deriva en alta mar, por lo que unidades de la Armada Nacional llegaron al punto para atender la situación.

En la inspección los uniformados hallaron 400 paquetes del estupefaciente, un fusil de asalto M-16, dos cargadores y 20 galones que contenían gasolina mezclada con aceite.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la lancha habría zarpado de La Guajira y pretendía alcanzar aguas internacionales rumbo a Venezuela, donde sería recibida por integrantes de una estructura narcotraficante que se encargaría de enviar el alijo a Centroamérica.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los detenidos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados son:

  • Aníbal José Lisboa Blanco.
  • Pedro Antonio Lisboa Blanco.
  • José Antonio Mota.

La Fiscalía pública esta información por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

LMBG/JARG/DECN. 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.