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En 2022, se definieron nuevos planes conjuntos con otras fiscalías y ministerios públicos para combatir el tráfico de migrantes, la trata de personas, los delitos ambientales y afectar los activos de los grupos ilegales.
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295 órdenes de captura con fines de extradición fueron expedidas durante el año por solicitud de Estados Unidos, España, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Panamá, entre otros países.
En 2022, la Fiscalía General de la Nación consolidó una importante estrategia en la región para luchar contra la criminalidad organizada y los delitos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de migrantes, entre otros.
Este liderazgo de Colombia permitió que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, fuera elegido por unanimidad como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para el período 2022 – 2024.
En ese sentido, desde la presidencia de la AIAMP se impulsan programas de asistencia técnica internacional e iniciativas de trabajo conjunto para fortalecer la labor investigativa contra las diversas expresiones ilícitas que trascienden las fronteras. De igual manera, se continúan propiciando espacios para compartir conocimientos e identificar problemáticas comunes que afectan a la región iberoamericana.
Actualmente, la Fiscalía General de la Nación lidera el Grupo de Extinción de Dominio, Decomiso y Recuperación de Activos, conformado por 17 ministerios públicos de Iberoamérica; y la Red de Protección Medioambiental de esta Asociación.
En estos dos frentes de trabajo internacional, la Fiscalía, contando con la contribución de los Ministerios Públicos, elaboró la Guía de Cooperación en Materia de Extinción de Dominio, Decomiso y Recuperación de Activos, que detalla los requisitos contemplados en las diferentes legislaciones para elevar solicitudes de asistencias judiciales o requerir información para ubicar de bienes y ejecutar medidas cautelares. Asimismo, preparó el Protocolo de Cooperación entre los Ministerios Públicos en Materia de Prueba Ambiental, que busca compartir experiencias, talento humano y medios técnicos para luchar contra los delitos ambientales.
Adicionalmente, de manera articulada con los países que integran la AIAMP se han realizado más de 20 operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Agenda y acuerdos internacionales
La estrategia internacional del Fiscal General de la Nación incluyó visitas a 12 países, con los que se sellaron importantes alianzas para golpear con determinación el crimen trasnacional, estos son: Argentina, Bélgica, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos, Francia y Panamá.
Sobresalen el memorando de entendimiento firmado con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América para el fortalecimiento en la investigación y judicialización del lavado de activos y los delitos asociados; y el memorando de entendimiento con el Ministerio Público de Paraguay para la cooperación judicial bilateral en la lucha contra la criminalidad organizada trasnacional, especialmente en el tráfico de estupefacientes, trata de personas, trata de migrantes, delitos informáticos y lavado de activos.
Extradiciones
En materia de cooperación judicial, a corte del 22 de diciembre, fueron expedidas 295 órdenes de capturas con fines de extradición por solicitud de países como: Estados Unidos, España, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Panamá, Francia, Italia, Países Bajos, entre otros. De igual manera, fueron entregadas en extradición 178 personas.
En 2022, la Fiscalía habló con resultados.
AMCJ/JARG/MCRC/TMGC/DRI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.