38 personas son procesadas en el departamento por distintas conductas ilícitas que afectan la administración pública y ponen en riesgo los recursos destinados a subsanar las necesidades de la ciudadanía.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en compañía de la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera; y la Delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando, se trasladó a Santa Marta (Magdalena) para verificar los resultados obtenidos en diferentes frentes investigativos priorizados en el departamento como la lucha contra la corrupción.
En reunión con la directora de la seccional Magdalena, Miryam Rojas Parra, se revisó la estrategia definida para articular capacidades institucionales y lograr la judicialización de los responsables de irregularidades de contratación, desviación de recursos públicos y otras conductas que han puesto en riesgo el adecuado suministro de bienes y servicios para la ciudadanía.
En ese sentido, en algo más de 31 meses han sido vinculadas formalmente 38 personas por posibles hechos de corrupción, entre ellas tres alcaldes y nueve exalcaldes de diferentes municipios del departamento, cuatro exsecretarios, ocho contratistas, nueve particulares, cuatro integrantes de la Policía Nacional y un servidor público de una entidad del orden territorial.
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, cohecho por dar u ofrecer y concusión, son los delitos que han sido imputados, según el posible nivel de participación, a los funcionarios y particulares procesados en Magdalena.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MG/JARG/MRP/DSM/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
