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En Arauca la Fiscalía obtuvo sentencias condenatorias por extorsión y tráfico de armas

La Fiscalía General de la Nación, en casos diferentes, logró que jueces de conocimiento condenaran a dos hombres a penas entre los seis y cinco años de prisión, por el delito de extorsión y tráfico de armas de fuego.  Las sentencias se obtuvieron mediante preacuerdo entre la defensa de los procesados y el ente acusador.

El primer sentenciado fue identificado como Yendemar Ireno Caldera Naranjo, imputado por el delito de extorsión. La Fiscalía demostró que el hombre participó en el secuestro de un joven por quien exigían la suma de 1.200.000 pesos a cambio de no atentar en contra de su vida. Hechos ocurridos el pasado 22 de abril en el corregimiento de Puerto Jordán jurisdicción del municipio de Arauquita (Arauca).

El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados del Gaula Militar en el momento de la entrega del dinero y fue recluido en establecimiento carcelario hasta cumplimiento de la pena de 6 años de prisión impuesta.

Por otra parte, se obtuvo sentencia de 5 años y seis meses de prisión contra Antonio Montañez Villazana por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, capturado en flagrancia el 15 de diciembre de 2022 por la Policía Nacional en actividades de control y registro adelantas en el barrio Miramag de la capital Araucana.

El condenado aceptó su responsabilidad en el portar un arma de fuego tipo pistola marca Pietro Beretta, dos proveedores y 20 cartuchos para la misma.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

 

 

MPHA/LYBT/HMCR/DSA

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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