Jueces de conocimiento de Villavicencio (Meta) condenaron a prisión a un exagente de Transito y transporte y a un exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación por incurrir en delitos de prevaricato por acción concusión, según sus responsabilidades individuales.

El primer caso tiene que ver con la condena a más de tres años de prisión (40 meses) impuesta contra el Exagente de tránsito Óscar Armando Padilla Rojas, de 55 años de edad. En el marco de la investigación se estableció que Padilla Rojas omitió su deber de imponer un comparendo al conductor de una camioneta que colisionó con un taxi. El examen de alcoholemia reportó nivel tres.

El material de prueba determinó que el procesado, poco después de evadir su responsabilidad recibió el pago de $1’200.000. Por estos hechos el Juzgado 4° Penal del Circuito con funciones de conocimiento condenó a Padilla por el delito de prevaricato por acción. En el fallo fueron negados los subrogados de suspensión condicional de la ejecución de la pena, sustitución por prisión domiciliaria y prisión domiciliaria.

En el segundo caso, el Juzgado 2° Penal del Circuito de Villavicencio impuso una pena de 8 años de prisión (96 meses) a Moisés Octavio Castro Flórez de 41 años de edad; además del pago de una multa de 66.66 SMLV.

Durante la investigación se determinó que el procesado aseguraba que en su condición de servidor de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación en Villavicencio (Meta) podría,  supuestamente, influir en la decisión que debería tomarse contra Joaquín Hernán Patarroyo Varón, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo Especial La Macarena (Cormacarena).

La evidencia física recaudada demostró que Castro Flórez exigió el pago de cinco millones de pesos a la persona que entabló el proceso disciplinario contra Patarroyo Varón, cuestionado por haber adoptado medidas administrativas sobre una finca ubicada en la vereda El Carmen de Villavicencio.

El juez del caso concedió el subrogado de prisión domiciliaria para el procesado.

Contra los dos fallos procede el recurso de apelación.

La Fiscalía habla con resultados.

 

PYMP/MAGA/LABB