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Operación estructural contra las redes señaladas de lavar millonarias sumas de dinero mediante la exportación de oro obtenido en minería ilegal

  • La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 25 presuntos integrantes de dos organizaciones delictivas que estarían dedicadas a la comercialización del metal hacia Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía.

  • Una de las redes impactadas habría lavado activos por 5,8 billones de pesos. A varios de los principales articuladores de las maniobras ilícitas les fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio por 74.000 millones de pesos.

Las investigaciones contra las organizaciones que auspician el deterioro de los recursos naturales, en el desesperado afán de extraer oro en diferentes regiones del país, permitieron llegar al eslabón criminal que más se lucra de esta actividad ilícita.

Se trata de grandes estructuras que, con la apariencia de comercializadoras, estarían recurriendo a diferentes maniobras para dar apariencia de legalidad al metal precioso y exportarlo. Dos de estas redes quedaron en evidencia en un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; y la Policía Nacional.

25 presuntos integrantes de estas organizaciones, que cumplirían diferentes roles en la cadena criminal, fueron capturados en diligencias realizadas en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Guapi (Cauca) y Galeras (Sucre).

Lavado de activos por 5,8 billones de pesos

El material de prueba da cuenta de un conglomerado de empresas que, entre 2011 y 2018, se habría dedicado a comprar oro extraído ilícitamente de entables mineros en Bendiciones, Bajo Calima y Anchicayá, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca), donde se ha constatado un grave daño ambiental a los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita.

La adquisición del metal, supuestamente, era soportada con certificados de origen y nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o vinculadas al sistema de salud de las alcaldías de Guapi (Cauca) e Istmina (Chocó), a quienes hicieron pasar como barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería.

Las comercializadoras NTR Metals Colombia SAS, CI NTR Metals Zona Franca SAS, y Precious Metals Investments SAS, que han existido en diferentes periodos de tiempo durante los últimos nueve años, serían las responsables de realizar operaciones simuladas para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos. Con este esquema ilícito presuntamente se lavaron 5,8 billones de pesos. La Fiscalía estableció que 1,2 billones de pesos corresponderían a exportaciones ficticias.

Por este caso fueron capturadas 16 personas, entre ellas las encargadas de comprar el oro en la zonas de explotación, los proveedores, contadores, responsables de la documentación y salida del mineral de Colombia, y el representante legal de una de las comercializadoras. Este hombre fue detenido en un lujoso apartamento en Cali (Valle del Cauca), en el que fueron incautados $20’000.000 en efectivo.

Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos imputará a los capturados por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero.

  • Extinción de dominio.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias, cuyo valor superaría los 74.000 millones de pesos.

Estos bienes pertenecerían a algunos accionistas de la comercializadora NTR Metals Zona Franca SAS, que estaría relacionada con la compra y venta de oro de minería ilegal.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por personal del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar, en Bogotá, Cali y Pasto.

Clan familiar

Desde un centro comercial de Cali, la comercializadora IRCA C.I. S.A.S, conformada por una pareja de esposos y algunos de sus familiares, al parecer, manejaba su propio modelo de lavado de activos.

Hay indicios de que, supuestamente, adquiría el oro extraído ilícitamente en Guapi, López de Micay, Timbiquí y el Naya (Cauca). Las compras eran sustentadas con certificados de origen que relacionaban un sin número de presuntos barequeros, los cuales no tendrían relación con dicha actividad ni vínculo con la empresa.

De esta manera, la comercializadora habría evadido los controles de las autoridades, obtuvo aval de la Agencia Nacional de Minería y envió 1.699 kilogramos del metal precioso a Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía. Las labores de policía judicial dan cuenta de que presuntamente realizó 117 exportaciones entre 2015 y 2019, por 63 millones de dólares, cerca de 190.000 millones de pesos, según la tasa de cambio de la época de los hechos.

Nueve personas señaladas de participar en este andamiaje fueron capturadas. Sobresalen los representantes y demás miembros del gobierno corporativo de la empresa IRCA C.I. S.A.S, y los encargados de comprar el oro, transportarlo y garantizar la legalización para la salida del país.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputará a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y explotación ilícita de yacimiento minero.

Esta información se publica por razones de interés general.

MAGA/JARG/DJR/PSY/CEVS

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

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