Alaín Roberto Suaza López sería el propietario de bienes lujosos y otras excentricidades que, al parecer, fueron obtenidas para ocultar altas sumas de dinero producto del ingreso ilegal al país de confecciones, calzado y otros productos.
Labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), permitieron identificar y ocupar con fines de extinción de dominio 77 bienes que serían parte del patrimonio de uno de los principales articuladores de una red ilegal señalada de lavar dineros del contrabando.
Los activos, cuyo avalúo preliminar asciende a 60.000 millones de pesos, pertenecerían a Alaín Roberto Suaza López, y estarían a nombre de algunos de sus familiares y personas cercanas.
De acuerdo con la investigación los bienes fueron adquiridos con dineros de la organización delictiva de la que haría parte Suaza López. De la misma manera, se determinó que esta persona creo entre 2011 y 2021 empresas fachada que, supuestamente, dieron apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero producto del ingreso ilegal de mercancía al país.
Los bienes afectados están representados en 6 inmuebles rurales y 47 urbanos, 2 embarcaciones, 13 vehículos, 2 establecimientos de comercio y 5 sociedades, ubicados en Bogotá, Funza, Cajicá y Girardot (Cundinamarca); Barranquilla y Galapa (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), y Palmira (Valle del Cauca).
Sobre todas las propiedades la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/VB/LPDS/MRC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
